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Texto introduciría sanciones para quienes llamen a bloquear calles o a sabotear instalaciones públicas, además de cerraría opciones de que se efectúen huelgas en servicios esenciales.

Es un error debilitar a la Defensa Pública con la asignación de funciones adicionales para las cuales no dispone del personal y los recursos necesarios.

El Poder Judicial urge, tanto al Gobierno como a la Asamblea Legislativa, para que incluyan en el presupuesto del próximo año ¢24.000 millones para implementar cuatro leyes aprobadas recientemente.