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Proceso puede ser presentado por un acreedor cuando el deudor incumple con una obligación de pago en el plazo correspondiente, y una vez se han agotado las vías de cobro administrativo.

Según la Sugef, la mayoría de operaciones en cobro judicial se concentran en créditos de consumo, exceptuando tarjetas y vehículos, y en los préstamos de vivienda.

Un proyecto de ley pretende gravar con un impuesto del 5% los cobros judiciales, con riesgo de afectar el crédito y el pleno acceso a la justicia. Las buenas intenciones de la iniciativa podrían ser un tiro por la culata. El texto debe ser examinado con la mente abierta y el concurso de expertos.