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Ni el IAFA ni el Cosevi, ni la oficina de la Defensa Pública del Poder Judicial, encontraron necesario o urgente un plan de ley para establecer la cero tolerancia a la conducción con algún grado de alcohol en sangre.

El hurto de mercaderías valoradas en ¢5.000 desencadena un proceso judicial cuyo costo para el Estado es de ¢7 millones. La factura responde a todas las etapas del proceso, desde la investigación hasta el recurso de casación, y a los costos de internamiento del imputado en el sistema penitenciario. La desproporción es evidente y también inevitable, si el ofendido rehúsa conciliar.