Cambios generan dudas en Cámara de la Construcción y entes autorizados

 21 mayo, 2016
El proyecto Orokay II, en Orosi de Cartago, dio casa a 480 personas. La GAM es uno de los lugares donde más faltan proyectos. | GABRIELA TÉLLEZ.
El proyecto Orokay II, en Orosi de Cartago, dio casa a 480 personas. La GAM es uno de los lugares donde más faltan proyectos. | GABRIELA TÉLLEZ.

El ministro de Vivienda, Rosendo Pujol, aseguró estar implementando medidas que limitan el poder que el sector privado y grupos organizados tienen para escoger lugares y beneficiarios de proyectos de vivienda.

Su más reciente batalla desde un ministerio que califica de poco poder, la emprendió contra la entrega de casas a familias que no tienen necesidad, pero que se han filtrado debido a la falta de controles, lo cual evidenció un informe de la Contraloría General de la República, publicado en el 2015.

Para solventarlo, Pujol redactó una directriz con la que espera elegir a las personas que más ameritan la ayuda y no “a los que más vociferan o bloquean calles”.

Entre las prioridades, se listan los residentes en zonas de riesgo de desastres, familias que deben ser desplazadas para construir obra pública y quienes viven en precarios.

“Tradicionalmente, se hacían proyectos donde las entidades autorizadas (fundaciones, bancos y mutuales) y los grupos organizados (asociaciones de vecinos) escogían a los beneficiarios, y el Estado simplemente pagaba”, aseveró Pujol.

Vivienda también apuesta a proponer los lugares donde se levantarían los proyectos, para dejar de depender de las opciones que llevan las constructoras.

De acuerdo con el jerarca, por esas razones es que en lugares como Limón o la Gran Área Metropolitana (GAM), la oferta es escasa, pero la necesidad es alta.

Los peros. Constructores y entidades autorizadas celebran que Vivienda tenga la iniciativa de mantener mayor control. No obstante, se muestran recelosos con la implementación de los cambios. “El problema es el mismo de hoy. Con la directriz, se priorizarán los beneficiarios, pero ¿a quién le toca hacerlo? A nadie le queda claro”, manifestó Kathiana Aguilar, subgerenta de la Fundación Costa Rica-Canadá.

infografia
Para Minor Rodríguez, gerente general de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi), para implementar los cambios debería darse un periodo de al menos 18 meses, de modo que todos los involucrados se ajusten.

Otra preocupación es que el Ministerio de Vivienda asuma competencias que pertenecen al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

Este es el desvelo de Óscar Alvarado, gerente de Mutual Alajuela, para quien los aspectos operativos deben surgir del Banhvi, que, al final de cuentas, es el que da el subsidio.

Otro aspecto que cuestionan de la propuesta de Pujol es el liderazgo que posea Vivienda para agrupar y generar entendimientos con los involucrados.

“Debe hacerlo con una política nacional de vivienda; ahora no está claro. Debe juntar a todos los involucrados para hacer más sencillos los trámites. Caso contrario, la ley de oferta y demanda se va a encargar de hacer proyectos donde sea más fácil”, dijo Dagoberto Hidalgo, presidente del Comité de Vivienda Social de la Cámara de la Construcción,

Pujol, sin embargo, insistió en que los cambios buscan hacer un mejor uso de los fondos públicos y dar casa en lugares adecuados.

“La gente (constructoras) tiende a buscar proyectos pensando más en las fincas que en los beneficiarios, y este cambio ya está penetrando en la gente. ¿Cómo le va a decir usted a una persona que la va a mandar a una vivienda en donde no hay trabajo?”, dijo.

Pese a que diputados de oposición critican que ha habido una baja entrega de casas durante la gestión de Pujol, el jerarca asegura que la inversión supera lo alcanzado por los dos Gobiernos anteriores, en el mismo lapso.