Denuncia cubre 64 lotes de 47 propietarios

Por: Patricia Recio 18 septiembre, 2014
En uno de los sectores de calle Girales se observa el terraceo en una pendiente. Asimismo, en esa zona entubaron, sin autorización municipal, un caño que recoge el agua que baja de la montaña. | GESLINE ANRANGO
En uno de los sectores de calle Girales se observa el terraceo en una pendiente. Asimismo, en esa zona entubaron, sin autorización municipal, un caño que recoge el agua que baja de la montaña. | GESLINE ANRANGO

El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) emitió una medida cautelar contra 64 lotes ubicados en Los Cerros de la Carpintera con el fin de frenar el terraceo, la fragmentación de tierras y la construcción de viviendas que están afectando el sector noreste de esa zona protegida.

José Lino Chaves, presidente del Tribunal Ambiental, explicó que la medida incluye el amojonamiento de los terrenos protegidos, la orden a la Municipalidad de La Unión para que no otorgue permisos de construcción ni remodelación en ninguna de las 64 parcelas denunciadas y que consulte a la Procuraduría sobre la legalidad de las segregaciones realizadas.

Además el TAA pidió al Senara la realización de un estudio hidrológico en la zona afectada para determinar el grado de fragilidad del recurso.

Los Cerros de la Carpintera están ubicados en la Cordillera Volcánica Central, al este de la capital y tienen la categoría de zona protectora regulada por el Estado.

Según definiciones del inBio, una zona protectora está formada por bosques y terrenos de aptitud forestal, donde el objetivo principal es la protección del suelo, la regulación del régimen hidrológico y la conservación del ambiente y de las cuencas hidrográficas.

La medida cautelar solicitada por el TAA incluye las 64 parcelas en manos de 47 propietarios en el sector conocido como Los Camachones, en el caserío Calle Mesén, en San Diego de La Unión.

Esta zona protectora abarca 2.396 hectáreas y el 95% está bajo propiedad privada.

Esta condición de propiedad privada es la que impide a la municipalidad actuar contra las construcciones ya establecidas, explicó la alcaldesa de La Unión, Lidia Garita.

Los lotes fueron vendidos bajo una figura de derechos de propiedad, pues por la condición de la zona no se pueden otorgar titulos registrales.

Según la alcaldesa, en ese sector, por tratarse de construcciones que se realizaron de manera ilegal no se brindan servicios de recolección de basura o de agua y luz; sin embargo, estos últimos han sido instalados de forma irregular por los mismos habitantes.

Garita añadió que en el 2011, cuando iniciaron las gestiones, había cinco viviendas y actualmente hay más de 100.