El Ministerio Público investiga a un exagente del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) por el supuesto delito de peculado.
De acuerdo con la Fiscalía, el sospechoso, de apellido Fallas, cobraba a clientes del INVU las cuotas del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP), pero no trasladaba los dineros a la entidad pública.
Al parecer, Fallas desvió ¢7 millones. El caso se tramita bajo el expediente 14-000617-612-PE.
Por estos hechos, el Instituto tuvo que separar al sujeto de su puesto, ya que el pasado 22 de setiembre un Juzgado Penal le impuso medidas cautelares.
La separación se hizo oficial desde el 3 de octubre.
Tatiana Vargas, vocera del Ministerio Público, informó de que la oficina de Fallas fue allanada el 22 de setiembre.
Precisamente en esa fecha, los fiscales solicitaron prisión preventiva, pero el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó la petición.
Poca información. Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INVU, manifestó que tiene poca información sobre este caso.
“Yo me enteré por el periódico (La Nación) . Estoy haciendo las consultas por escrito porque esto es competencia de la Gerencia (...). Hay que esperar que las cosas se desarrollen”, afirmó Montero.
La jerarca agregó que las víctimas deben estar tranquilas.
“La institución tiene un compromiso con los ahorrantes y, eso, lo asumimos en todos sus extremos. Pueden estar tranquilos de que se les devolverá el dinero”.
Montero aseguró que esto se trata de un caso aislado y que no hay otros agentes involucrados. Actualmente, el INVU está en proceso de despedir a todos sus agentes
Antecedentes. En agosto, la Contraloría General de la República denunció que el INVU desvió, entre los años 2009 y 2013, cientos de planes de ahorro y préstamo para vivienda a sociedades jurídicas.
En la misma denuncia, el ente contralor manifestó que, el año anterior, un solo agente vendió 621 contratos o planes de ahorro y préstamo para vivienda entre sus parientes y luego cobró comisiones.
Este número de contratos representó ¢3.902 millones.