El gerente general del Banhvi, Luis Montoya, justificó la duración de los trámites que la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi) juzga como excesivos.
La razón primordial de ese proceso, indicó, es cumplir con la obligación del Estado de velar por la buena calidad de la vivienda de interés social que entrega a familias pobres.
Montoya afirmó que comparte el criterio de Fuprovi de que los trámites de construcción de vivienda deben responder a criterios de eficacia y eficiencia, para que consuman menos tiempo y recursos.
Sin embargo, subrayó que esa rapidez deseable no debe ir en menoscabo de la responsabilidad del Estado con la calidad del producto, ni de la necesidad de verificar “el buen uso” de las inversiones con recursos estatales. “Buena parte de los trámites establecidos en el Banhvi, derivan de recomendaciones de entidades de control, como auditorías o la Contraloría”, dijo.
Ejemplo de esto, opinó, es el requisito de presentación ante el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda (SFNV) de expedientes completos del proyecto habitacional, que deben incluir documentación adicional, como planos catastrados individuales visados y segregados a favor de cada beneficiario, para garantizar a cada familia la formalización del bono.
El gerente aclaró que el costo de los controles y la fiscalización son asumidos por el Estado.
Pese a la defensa que Montoya hace de los trámites, la Contraloría detectó que durante los primeros cuatro meses del 2014, casi una cuarta parte de los bonos de vivienda que entregó el Banhvi fue para personas que ya habían tenido propiedades.
Es decir, que después de 30 años de entregar bonos, el Estado no tiene un sistema que garantice que estos se den solo a familias pobres sin casa.