Don Joel Herrera recuerda bien que todo empezó en 1947.
A partir de ese año, decenas de familias empezaron a cruzar el río Cuipilapa y se instalaron en la Hacienda Miravalles, propiedad de unas 16.000 hectáreas de los hermanos Stewart y en donde hoy están La Fortuna y Guayabo, en Bagaces de Guanacaste.
“La repartición se hizo con mucha sabiduría. La gente no hizo grandes adquisiciones, sino que cogió lo que necesitaba”, contó Herrera, de 81 años.
A don Francisco Ruiz, hijo del cuidador de la finca, le tocó presenciar cómo los terratenientes hicieron múltiples intentos para expulsar a los ocupantes, pero nunca lo lograron.
Finalmente, en 1965, el Estado expropió a los Stewart y adquirió el terreno, con la promesa de dividirlo en parcelas y entregárselas a la comunidad.
Más de 50 años han pasado sin que tal acuerdo se concrete, por lo que los habitantes de Guayabo y La Fortuna siguen viviendo en un terreno que legalmente, es propiedad del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Archivado. “Quedó en el olvido”, dijo Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo del Inder, la más reciente versión de la entidad que antes se llamó Instituto de Tierras y Colonización (ITCO).
Un documento de tal institución, firmado en 1967, constata el acuerdo de Junta Directiva para que las parcelas se cedieran a los ocupantes, para que así pudieran acceder a créditos. No obstante, pasó el tiempo y nadie ejecutó la orden.
Los lotes, entre los que hay viviendas, empresas, iglesias, centros educativos y hasta plazas, tienen dos inconvenientes: aproximadamente el 50% carece de título de propiedad a nombre de sus ocupantes actuales porque las escrituras nunca se gestionaron. La otra mitad tiene una doble titulación.
Tal situación se presentó porque con el tiempo y las transformaciones institucionales, en el Inder se perdió el registro de las tierras que le pertenecen.
“No teníamos un inventario de tierras que permitiera saber cuántos terrenos tenía en su posesión la institución y dónde estaban ubicados”, explicó Patricia Calderón, jefa de Asuntos Jurídicos del Inder.
En cualquiera de los dos casos, las trabas son las mismas: los habitantes no pueden vender, segregar o solicitar bonos de vivienda, ni ejecutar ningún movimiento con esa tierra.
Reinicio. Calderón explicó que las anomalías se empezaron a detectar en el 2012, por lo que se inició un nuevo proceso para ceder las propiedades, caso por caso, a los vecinos de Guayabo y La Fortuna.
La entidad debe completar un censo para conocer la situación de los más de 1.500 predios que hay en la finca, abrir expedientes de cada uno y contratar un equipo de topógrafos que realice los estudios técnicos.
El plan de la entidad es dejar todo listo antes de que termine este gobierno, dijo Rodríguez.
Como parte del proceso, el Inder realizó una reunión con la comunidad el 10 de marzo.
El encuentro, según el jerarca Rodríguez, fue tenso pero provechoso. Los habitantes se muestran recelosos.
“Es lógico que las personas reaccionen cuando llega el Inder y les dice que hay problemas con sus propiedades”, señaló el jerarca.Los vecinos, efectivamente, se muestran recelosos.
“Yo los he visto que realmente están llegando, esperemos que no nos dejen a medio palo”, manifestó Josué Jiménez, secretario de la Asociación de Desarrollo de La Fortuna y cuyos papás son una de las familias que aguardan una solución.
Rodríguez informó de que se deben resolver anomalías similares a las de Bagaces, en las fincas Indiana 1 e Indiana 2, en Cariari de Pococí, así como en la finca Chambacú, en Santa Rosa de Pocosol.
Escritura permitiría darle una mejor casa a Ariana
Los juguetes de la bebé Ariana se mezclan con los utensilios de cocina y algunos medicamentos, en la pequeña habitación con paredes de madera que hace las veces de sala, cuarto de televisión y cocina.
Sus papás, Efrin López, de 26 años e Idalí Ordóñez, de 22, quieren construir una casa mejor. Ellos tienen un terreno para hacerlo, pero sus condiciones actuales les impiden avanzar con el plan.
“En sí nosotros no podemos construir porque no tenemos cómo, entonces, sería pidiendo un bono, pero tampoco podemos solicitarlo porque tenemos el problema con el Inder”, explicó Ordoñez.
La parcela en la que la familia construiría su casa es uno de los cientos de terrenos en La Fortuna de Bagaces que carecen de título de propiedad.
La joven manifestó que no comprende los detalles más complicados de la situación, pero sí sabe que el problema se arrastra desde años, cuando los hermanos Stewart eran los dueños de la Hacienda Miravalles.
Ella y su pareja se dieron cuenta de la dificultad después de haber sacado el dinero para iniciar los trámites de registro.
“Nosotros sacamos el plano y lo llevamos a visar y, ya al buscar un bono, nos dijeron que no se podía, porque esto pertenece al Inder”, dijo Ordoñez.
Ella asistió a una de las reuniones que el Inder efectuó con la comunidad, mientras que su esposo fue a la otra. La pareja tiene claro que la única opción es esperar a que se les indique el siguiente paso, pero se muestran pesimistas sobre el momento en el que eso ocurrirá.
“Yo dejé ahí unos papeles llenos, pero todavía no hay nada. Quién sabe para cuando, porque son muchas y, diay, no dan abasto”, expresó Ordoñez.
‘Invertí mucho dinero y ahora no puedo usar'
El terreno con el que Carlos Maroto esperaba montar su negocio más bien le ha provocado pérdidas millonarias.
Se trata de una parcela de cerca de cinco hectáreas, en la cual planeaba constituir un condominio para 75 viviendas, pero la doble titulación que presenta la propiedad tiene detenido el proyecto.
El empresario contó que el terreno está en manos de su familia desde el año 1998, pero fue hasta agosto del 2015 que se enteró de las irregularidades en su inscripción, cuando el Departamento de Catastro del Registro Nacional rechazó el trámite de inscripción de los planos.
Al mismo tiempo, se generó una advertencia administrativa sobre esa propiedad.
Desde entonces, asegura, ha intentado conseguir respuestas del Inder y no ha habido mucho avance. Su preocupación principal son las pérdidas que le ha dejado el emprendimiento.
“Invertí mucho dinero ahí y ahora no puedo hacer uso de el”, se quejó Maroto.
Actualmente, mantiene un proceso contra el Inder en el Tribunal Contencioso-Administrativo, pero espera llegar a una solución alternativa.
“No quiero ser un oportunista. Sé que puedo llegar a un acuerdo por mucho menos de mis pérdidas, pero por lo menos para levantar mi proyecto, que ha perdido credibilidad”, manifestó Maroto.
“Si usted pasa por un proyecto que tiene uno o dos años de que no se mueve nada y apenas cortan el zacate, usted no va a poner su dinero ahí”, agregó.
‘Se está convirtiendo en un tema desesperante’
Un juez le dio a Heiner Guzmán la primera señal de que los problemas con el registro de terrenos, en lo que se conocía como Hacienda Miravalles, en Bagaces, se le harían aún más complicados.
Él se encontraba tramitando la inscripción de una finca en la comunidad de Guayabo que le heredó su mamá cuando repentinamente se rechazó su solicitud.
“Ya en la última etapa del proceso, cuando iba a aportar los testigos, recibí una notificación del Juzgado Agrario de Liberia. Me informaron de que el Inder se había opuesto al proceso y que se daba el caso por cerrado porque el terreno pertenece al Inder”, contó Guzmán, quien es ingeniero y labora para una planta eólica en Guanacaste.
Tal noticia la recibió hace aproximadamente un año.
Más adelante, cuando el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) convocó a las reuniones con la comunidad, recibió más malas noticias: a cada persona se le permitiría recibir solamente un terreno.
Guzmán explicó que tal restricción es problemática para él, puesto que además de la propiedad que heredó de su mamá, ya había adquirido otras dos, en La Fortuna.
Él tiene planes para construir en uno de esos terrenos, pero deberá esperar.
“El asunto ya se está convirtiendo en un tema un poco desesperante porque las soluciones que el Inder propone son a largo plazo (...). Ahora tenemos nosotros que aguantarnos el asunto e ir al paso al que quieran ir”, se quejó Guzmán.
Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo del Inder, aseguró que el objetivo es regularizar la situación de las miles de parcelas antes de que culmine el Gobierno actual, en el 2018.
No obstante, el jerarca condicionó el avance a que a la entidad se le aprueben recursos adicionales para contratar un equipo de ingenieros topógrafos.