El proceso judicial que determinará si la Conferencia Episcopal de Costa Rica debe pagar las cargas sociales sobre el salario de los sacerdotes podría salir del Tribunal Contencioso-Administrativo, tras más de tres años de tramitarse en esa instancia.
Ahora, el caso lo conocería el Juzgado de Trabajo, según consta en un fallo del 10 de diciembre de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Contencioso negara esa posibilidad a la CCSS, que había pedido el cambio en el 2014.
La disputa se inició en 2012, cuando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inscribió a la Conferencia Episcopal como patrono, y le ordenó pagar las cuotas obrero-patronales correspondientes al seguro de Invalidez, Vejez, Muerte y Enfermedad de los sacerdotes.
La Iglesia reaccionó y demandó a la Caja, por lo que el cobro está suspendido hasta que se resuelva el litigio.
El traslado de instancia aún no está en firme, debido a que la Iglesia le pidió a la Sala I explicar el veredicto, según informó José Rafael Fernández, abogado de la Conferencia Episcopal.
Escenarios. Fernández dijo que la solicitud de revisión de la sentencia está relacionada con el voto salvado de la magistrada Rocío Rojas, quien no apoyó el cambio de instancia.
Ella argumentó que el Juzgado de Trabajo no podrá resolver el asunto, debido a que es el Tribunal Contencioso el que debe resolver las causas en las que una de las partes es el Estado.
Paola Gutiérrez, abogada laboralista, explicó que, a partir de la solicitud de revisión hecha por la Conferencia Episcopal, hay dos posibilidades.
Si la Sala I la acoge, puede devolver el proceso judicial al punto de inicio, en el Contencioso, el cual deberá conocer el fondo del asunto y decidir si anula o no el cobro exigido por la CCSS.
Si, por el contrario, la rechaza, la sentencia quedaría en firme y el Juzgado procedería a aclarar, en primera instancia, si la relación entre Iglesia y curas es de carácter laboral y por tanto, si procede el pago de cargas sociales.
La Nación intentó conocer el criterio de Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja; sin embargo, no fue posible concretar una entrevista antes de realizar esta publicación.
Criterios. La Iglesia sostiene que su relación con los religiosos no es laboral, sino que ellos ejercen su misión por vocación y no pensando en recibir un salario, por lo cual se niega a pagar las cargas sociales.
No obstante, la CCSS asegura que sí existe un vínculo de trabajo, por lo que se empeña en que la Conferencia Episcopal cumpla como cualquier otro patrono.
El desacuerdo es reciente, ya que desde 1984 existe un convenio entre las entidades para asegurar a los sacerdotes con el mismo sistema que cubre a pequeños agricultores y estudiantes de universidades públicas.
La nueva modalidad obligaría a la Iglesia a pagar más.
Fernández afirmó que la Iglesia planteó opciones para llegar a un acuerdo que la CCSS rechazó, pero que se mantienen anuentes a negociar un nuevo convenio.