28 diciembre, 2015
Hárold Villegas (ctro.) y Franklin Corella (der.) mediaron. | MTSS
Hárold Villegas (ctro.) y Franklin Corella (der.) mediaron. | MTSS

El Gobierno medió para que un finquero de apellido Flores, encargado de la hacienda La Luisa, en Sarchí de Valverde Vega, cancelara a 40 trabajadores los salarios adeudados de los últimos tres meses, manifestó Harold Villegas, viceministro de Trabajo.

Sin embargo, el patrono todavía debe los aguinaldos a sus empleados, por lo que hoy lunes habrá un segundo intento de conciliación, antes de elevar el caso a un juicio laboral.

“Un grupo de trabajadores hizo la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Enviamos los inspectores y ellos hicieron un acta. Posteriormente, notificamos a la empresa para que, en un periodo de tres días, cumplieran con los salarios y el aguinaldo, pero pagaron una parte nada más”, detalló Villegas.

El pasado 24 de diciembre, acudieron a un primer intento de conciliación en la finca los empleados, el viceministro y los diputados Franklin Corella, de Acción Ciudadana; Ligia Fallas y Edgardo Araya, del Frente Amplio. Sin embargo, no se presentó la parte patronal.

Después de eso, la firma hizo el pago de los salarios.

Antonio Cambronero, del comité de huelga de hacienda La Luisa, alegó que Flores ha incumplido tanto con los empleados, quienes están asegurados como con los “adicionales”.

“Estamos cansados, por eso decidimos ir a huelga. Mañana (hoy) es el último día para negociar. Este señor (Flores) nos debe el aguinaldo y no se ha puesto al día con la CCSS, adeuda como ¢21 millones y eso también perjudica”, aseguró Cambronero.

En la finca, dedicada a la siembra de café y caña de azúcar, los trabajadores están en diferentes labores, como cortar el zacate y colaborar con las labores del campo.

La Nación intentó contactar a Flores, pero no atendió a múltiples llamadas a su teléfono.

Un patrono que incumpla con el aguinaldo se expone a una multa de ¢403.400 que corresponde a un salario base de un oficinista del Poder Judicial. El monto se puede multiplicar hasta 23 veces, dependiendo de la cantidad de denuncias.