Empresarios no pagarán por derechos de 'canopy' a canadiense que ganó lío judicial

Esa fue una de las primeras recomendaciones que recibieron poco más de 50 empresarios del sector de turismo de aventura luego de que un fallo de la Sala Primera reconociera al foráneo como inventor del canopy, sistema que patentó en 1998.

El consejo provino de abogados y representantes de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) con quienes se reunieron la mañana de este jueves.

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Canatur les pidió a los posibles afectados que no tomen acciones individuales y que se abstengan de contactar a Hreniuk hasta no tener un criterio técnico.

Asimismo, aconsejó esperar las acciones legales que emprenderán para enfrentar el cobro que el canadiense pretende aplicar por un derecho de uso, de $10 por cada nacional y $15 por cada extranjero que practique la actividad.

"Es una situación que afecta al turismo gravemente, son más de 100 empresas que tienen este atractivo de canopy y el país es reconocido como un destino de aventura. Venir a alterar la operación de los canopy no es lo más sano en Costa Rica para el turismo", dijo Isabel Vargas, presidenta de Canatur.

Vargas, quien fue nombrada como vocera del grupo, dijo que hay mucha incertidumbre y preocupación pues algunos operadores tienen muchos años de ofrecer la actividad.

"Ellos reconocen que no hay ningún invento extraordinario respecto a la actividad que históricamente se ha hecho aquí y en todas las partes del mundo, pero les preocupa la eventualidad de un cobro o participación de una tarifa", añadió.

Según la representante, tras analizar el fallo con los abogados, concluyeron que las condiciones han cambiado desde que en el 2003, el extranjero obtuvo una resolución favorable que lo reconocía como inventor. En aquel momento hubo incluso cierres de negocios por parte de la Fuerza Pública y el Registro Nacional, así como destrucción de estructuras.

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Ahora, consideran, descartan que el canadiense pueda aplicar acciones de ese tipo contra los tour operadores.

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"Antes se permitía que la autoridad policial acompañara a un patentado para ejercer sus derechos, eso ya no se aplica. Hay un pronunciamiento que determina que no le compete a la Policía o a las autoridades administrativas ejercer la fuerza o impedir una actividad.

"Él (Hreniuk) tendría que tomar acciones legales contra cada uno de los clientes de manera independiente", añadió la representante del sector turístico.

Entre las dudas que surgen en el grupo está el cobro que el canadiense dijo que aplicaría a cambio del permiso para explotar su invento, pues en su criterio esa tarifa no está estipulada en el fallo de la Sala I.

Lo que ellos interpretan del fallo, es que el canadiense podría demandar al Estado por los años que no explotó la patente y que sería un juez quien determine los daños y perjuicios.

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Los empresarios se reunirán nuevamente la próxima semana para definir las acciones legales que emprenderán para proteger su actividad.