ANDE mete miedo contra planes de empleo público

La información está contenida en un folleto distribuido por la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) en asambleas con agremiados, bajo el título Lo que la clase trabajadora debe saber sobre la Ley de Empleo Público .

ANDE tiene alrededor de 50.000 afiliados, entre educadores en servicio y pensionados, según datos proporcionados por la misma organización.

La Nación obtuvo una copia de la publicación en una asamblea gremial en Cartago, y comparó las afirmaciones que contiene con tres iniciativas de reforma al empleo público que se conocen actualmente en la Asamblea Legislativa.

De ellos, el expediente legislativo 19.506, de la liberacionista Sandra Piszk es el que pareciera encaminarse a ser un texto de consenso, pues goza del apoyo del Poder Ejecutivo y de legisladores de distintas fracciones. Además, ya fue puesto en consulta de varios sectores.

Los otros expedientes son el 20.057, propuesto por tres congresistas del Movimiento Libertario (ML), y el 19.923, presentado por diputados del bloque cristiano, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el libertario Otto Guevara.

Todos los proyectos están en discusión en la Comisión de Asuntos Sociales.

¿Qué pasa con los pluses?. Una de las afirmaciones con que ANDE asusta a sus afiliados es que “todos (los proyectos) pretenden eliminar los componentes salariales para reducir el salario de la clase trabajadora”.

Por componentes salariales se entienden sobresueldos como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición o carrera profesional.

Sobre el tema, la iniciativa de Piszk, por ejemplo, aclara en el Transitorio II que no se podrá rebajar salarios. Con respecto a sobresueldos solo plantea prohibir los llamados beneficios por confidencialidad y el pago por quinquenios laborados.

El primero es un plus que reciben algunos trabajadores por no compartir información de la entidad. Entre ellos los empleados de la Presidencia de la República. El otro lo reciben empleados de Seguridad Pública, Migración y Asamblea Legislativa.

Ninguno de esos pluses los paga el Ministerio de Educación Pública (MEP).

“El salario total de los servidores que se encuentren activos (...) a la entrada en vigencia de esta ley no podrá ser disminuido y se les respetarán los derechos adquiridos que ostente”, dice.

Sobre otros pluses, la iniciativa de Piszk lo que plantea es igualar los porcentajes que se pagan en las instituciones públicas. Además que se fijen según criterios de “razonabilidad, proporcionalidad y oportunidad”.

Para ello, plantea mantener los porcentajes actuales por dedicación exclusiva: hasta un 20% para bachilleres y hasta 55% para licenciatura o grados superiores. No obstante, aclara que tal rubro no se considerará un derecho adquirido, por lo que al vencerse los contratos que se firman para el pago de ese beneficio (con un plazo máximo cinco años), el Gobierno no estaría en obligación de renovarlos.

El proyecto 19.923 (de cristianos, PUSC y Guevara) lo que pretende es que el sobresueldo por dedicación exclusiva no sobrepase el 50%.

La disponibilidad tampoco se consideraría un derecho adquirido en la iniciativa de Piszk ni en el 19.923. El primero establecería un tope de 35%, mientras que el segundo exige un 15%.

En su campaña informativa , ANDE critica que el pago de anualidades se sujete a obtener una calificación de “muy bueno” en la evaluación de desempeño. También se opone a los porcentajes máximos propuestos.

Sin embargo, la medición a la que se refieren es requisito desde 1957, cuando se promulgó la Ley de Salarios de la Administración Pública.

La modificación que exige el proyecto de Piszk es pasar de una nota de “bueno” a una de “muy bueno” para merecer un 1,94% de anualidad, y un “excelente” para recibir un 2,56%.

De ser así, la medida podría eventualmente beneficiar a muchos educadores, pues actualmente reciben 1,94%. En el resto de la Administración puede llegar hasta 5,5% de acuerdo con un estudio del Ministerio de Planificación, del 2012.

La iniciativa del ML da una indicación general en su artículo 6, para que los beneficios que se consideren nulos “por adolecer en forma manifiesta de la debida razonabilidad” sean impugnados ante la Contraloría General de la República (CGR), la cual deberá estudiar las denuncias, y negar el presupuesto por esos rubros, de considerarse necesario.

Por su parte, el proyecto 19.923 señala que los incentivos que no se consideren un derecho adquirido serían analizados por un Consejo Sectorial de Empleo Público. Las recomendaciones de ese ente se trasladarían el Ejecutivo, para que decida.

Sobre las discrepancias entre los mensajes del folleto y las propuestas, se intentó consultar a Gilberto Cascante, presidente de la ANDE, pero fueron infructuosos los 10 mensajes y las llamadas realizadas a partir del martes 27 de setiembre y hasta ayer.

Aunque el líder sindical otorgó una entrevista para el 29 de setiembre, horas después la canceló. El lunes, el dirigente sindical indicó que se referiría al tema hasta hoy.

Convenciones colectivas. “Peligran las convenciones colectivas y una vez que finalice su vigencia existe la posibilidad de que el patrono no quiera renegociarla de nuevo”, advierte ANDE en otra parte del documento repartido entre sus afiliados .

La nueva versión del proyecto de Piszk establece que los jerarcas que obstaculicen las negociaciones estarán sujetos a responsabilidad administrativa.

Ninguno de los planes de empleo público propone eliminar las convenciones colectivas, pero sí regular sus plazos de las que se renegocien en el futuro.

El proyecto de Piszk establece una duración máxima de cinco años para los acuerdos. Los efectos de las convenciones cesarían de inmediato si no se denuncian antes de vencer, y 12 meses después si las partes empiezan una nueva negociación.

Una propuesta distinta se hace en el expediente 19.923, según el cual los convenios entre obreros y patronos se extinguirían nueve meses después de la fecha de vencimiento pactada. Además, los funcionarios que los negocien no percibirían sus beneficios durante 10 años.

En el caso del plan del ML, se indica que las disposiciones de las convenciones que contravengan esa misma ley se considerarán excluidas una vez vencido el acuerdo laboral.