Ley prevé multa hasta del 2% del patrimonio del banco si se comprueba irregularidad; entidad ha interpuesto recursos

Por: Aarón Sequeira 28 agosto
El depósito de $6,5 millones ligado al expresidente peruano Alejandro Toledo se encuentra congelado, a solitud de las autoridades judiciales de Perú, en el banco privado Scotiabank.
El depósito de $6,5 millones ligado al expresidente peruano Alejandro Toledo se encuentra congelado, a solitud de las autoridades judiciales de Perú, en el banco privado Scotiabank.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) investiga desde hace varios meses al banco Scotiabank por haber recibido en Costa Rica, en la cuenta bancaria de una sociedad, $6,5 millones que la justicia de Perú sospecha podrían ser parte de sobornos pagados al expresidente de ese país, Alejandro Toledo.

El procedimiento administrativo podría derivar en una sanción en contra de la entidad financiera, la cual a su vez tiene derecho a ejercer su defensa.

Actualmente, los $6,5 millones están congelados en el Scotiabank por orden de un juez penal costarricense, en respuesta a una solicitud de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú, la cual maneja la hipótesis de que el dinero ingresó a Costa Rica proveniente de un origen ilícito.

La suma entró a la cuenta de una sociedad anónima llamada Ecostate Consulting S. A., creada en el 2006 en San José.

Aparte de las investigaciones peruanas, la Sugef informó de que investiga a Scotiabank en Costa Rica con la "finalidad averiguar la verdad real de los hechos" sobre el ingreso del dinero.

Así lo explicó el superintendente general de entidades financieras, Javier Cascante, quien añadió que el proceso se efectúa bajo el amparo del artículo 81 de la ley sobre estupefacientes y legitimación de capitales.

Entre las sanciones a las que se expone el Scotiabank está una multa que podría ir de un 0,5% hasta un 2% del patrimonio de la entidad, tomando como base el capital social más los aportes de capital, utilidades y pérdidas acumuladas.

Esa es la sanción para las entidades bancarias que incumplan con lo establecido en el inciso a del artículo 81 de dicha ley, la cual impone castigos por alguna de las siguientes conductas:

-No registrar en un formulario diseñado por la Sugef el ingreso o egreso de transacciones, incluidas las transferencias desde el exterior o hacia él, iguales o superiores a los $10.000

-Incumplir los plazos fijados por la Sugef para presentar el formulario de información

-Incumplir la identificación de los clientes a que la ley obliga a las entidades bancarias

-No entregar a los órganos autorizados por ley la información y documentación necesarias sobre operaciones sospechosas

-Cuando la institución se niegue a inscribirse ante la Sugef

-No haber implementado procedimientos para la detección, el control y la comunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales

-No adoptar, desarrollar ni ejecutar programas, normas, procedimientos ni controles internos para prevenir los delitos tipificados en esta Ley sobre estupefacientes

Consultados por este medio, los voceros del Scotiabank aseguraron que son "respetuosos del ordenamiento jurídico vigente".

"Por ello, a todos nuestros clientes les aplicamos la debida diligencia para conocerlos adecuadamente, tal y como las disposiciones locales lo exigen, y nuestras políticas y procedimientos lo establecen", dijo la entidad financiera.

Se intentó gestionar una entrevista con un representante de la entidad bancaria, pero rechazó esa posibilidad. El banco adujo que no puede dar a conocer "ante la prensa o el público en general la situación de ningún cliente en particular sin consentimiento del titular, bajo riesgo de incurrir en responsabilidad civil y penal, pues la información financiera es confidencial".

A través de un correo electrónico, Manfred Sáen, director legal de Scotiabank, arguyó que la entidad bancaria tiene las respectivas políticas y lineamientos internos para la gestión del riesgo, así como prácticas de cumplimiento y entrenamientos al personal sobre acciones antilavado de dinero, contra el soborno y la corrupción, "así como protocolos de 'Conozca a su Cliente'".

Por su parte, el superintendente de la Sugef afirmó: "No es posible señalar plazos posibles de finalización del mencionado procedimiento administrativo".

Cascante agregó que el banco investigado ha interpuesto varios recursos en contra de la investigación.

Ecostate, sociedad que recibió los fondos en Costa Rica, es presidida desde el 2013 por Sabih Saylan, conocido en Perú como la mano derecha del empresario peruano-israelí Josef Maiman.

Maiman fue identificado por Jorge Barata, exgerente de la constructora brasileña Odebrecht, en Perú, como el receptor de un soborno de $20 millones que esa compañía supuestamente le pagó al expresidente Toledo, quien gobernó Perú del 2001 al 2006, a cambio de ganar un contrato para construir una carretera Interoceánica entre el país andino y Brasil.

En el 2013, el presidente de la sociedad creada en Costa Rica relató a la justicia peruana que fue Avrahan Dan On, el exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, quien lo asistió para conformar Ecostate y para abrir sus cuentas bancarias en Costa Rica, ante los abogados y ante el Scotiabank.

Fiscalía ordenó mantener congelado el dinero

En el 2013, el Ministerio Público de Costa Rica abrió una investigación por supuesta legitimación de capitales y congeló ese dinero, pero desestimó seguir con la causa debido a que en Perú se lleva a cabo una investigación por los hechos y a que ninguno de los investigados era costarricense.

Consideró, además, que los hechos en Costa Rica formaban parte de un supuesto esquema de legitimación de capitales que empezaba y terminaba en Perú.

"El dinero se encuentra inmovilizado por solicitud de Perú", detalló la Fiscalía costarricense ante consulta de La Nación.

En octubre del 2016, un juez peruano solicitó prorrogar el congelamiento por cuatro meses y, en febrero pasado, el congelamiento se prorrogó por un año más.

De acuerdo con datos publicados por La Nación en febrero, la fiscalía peruana tiene documentación donde constan pagos de sobornos hechos a compañías de Maiman en Brasil, Panamá, Costa Rica, Inglaterra y Suiza.

Los pagos a que el exgerente de Odebrecht hizo referencia se habrían hecho entre el 2005 y el 2008, y habrían sido escalonados.

Dispuesto a declarar

El 19 de agosto, la Sala Penal Nacional de Perú informó de que el empresario Josef Maiman firmó un "convenio preparatorio" con la Fiscalía de ese país, que permitió suspender las órdenes de captura local e internacional, a cambio de que llegue a declarar a Lima en el proceso judicial.

Según informó el periódico peruano La República, Maiman, quien reside en Tel Avit, Israel, "está dispuesto a declarar y confirmar que los pagos realizados por las constructoras brasileñas a través de sus empresas estaban dirigidos al expresidente Toledo y que, al concluir su gobierno, parte del dinero fue transferido a la off shore Ecoteva Consulting, en Costa Rica".

El caso de Ecoveta es otro.

Una de las tesis de la Fiscalía peruana es que, con el dinero de sobornos a Toledo, Maiman y la suegra de Alejandro Toledo, de nombre Eva Fernenbug, crearon una sociedad en Costa Rica desde la cual movieron fondos para comprar inmuebles y pagar hipotecas.

En agosto del 2013, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Costa Rica determinó que la suegra del exmandatario tenía dos cuentas bancarias en Costa Rica con más de $17 millones, que se usaron en parte para la adquisición de bienes inmuebles.

El primer congelamiento de cuentas en Costa Rica fue pedido Perú a raíz del caso conocido como Ecoteva, la sociedad anónima costarricense que la suegra del expresidente utilizó para girar $3,7 millones del Scotiabank en Costa Rica al Banco de Crédito Perú, a fin de comprar una mansión.

Según reseñó el diario peruano La República, cuando estalló ese escándalo, dos allegados al empresario Maiman vaciaron $6 millones que estaban en cuentas de dos compañías, Ecoteva ($5,1 millones) y Milan Ecotech ($900.000), y los trasladaron a la cuenta N° 320780101 de Ecostate.

En Costa Rica, cuando Fiscalía desestimó el caso, representantes del empresario Maiman solicitaron la disponibilidad de los fondos, informó La República. No obstante, antes de entregar el dinero, los fiscales de Costa Rica avisaron a Perú si todavía estaban interesados en el embargo de esa cuenta y por eso el dinero, que alcanzó los $6,5 millones, se mantuvo congelado.

En marzo del 2013, Sabih Saylan, presidente de la sociedad costarricense propietaria de los fondos congelados, reemplazó a la suegra de Toledo como presidente de Ecoteva, de la que salieron los fondos para la mansión. Dijo que lo hizo por orden de Maiman y que su única función fue de retirar los fondos de la sociedad costarricense para trasladarlos a cuentas del millonario israelí.