Por: Mercedes Agüero 16 julio, 2013

El sindicalista Jorge Arguedas Mora reclamó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ¢1.000 millones por seguirlo y vigilarlo 11 días en diciembre del 2009.

Arguedas solicitó ¢500 millones para él, y otros ¢500 millones para la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones (Anttec), organización sindical de la cual es presidente.

La petición corresponde a una ejecución de sentencia promovida por Arguedas contra el Instituto. La entidad fue condenada por la Sala Constitucional en mayo de 2011 por espiar al dirigente sindical.

Los magistrados le ordenaron al ICE abstenerse de incurrir en prácticas similares y lo sentenciaron a pagar por los perjuicios causados.

El Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda impuso una multa de ¢5 millones al ICE por el daño moral subjetivo ocasionado al funcionario, pero denegó el reconocimiento económico a la organización gremial.

La ejecución de la sentencia se concretó el 26 de junio anterior. El ICE además deberá pagar ¢150.000 por gastos legales.

Contactado por vía telefónica, el dirigente sindical dijo ayer que no conoce la resolución y, por lo tanto, prefería no emitir criterio.

La vigilancia que el ICE puso sobre Arguedas pretendía verificar un supuesto incumplimiento en el horario de trabajo.

Sin paz. En su reclamo, Arguedas narró que, al ser perseguido ilegalmente y durante tanto tiempo, lo embargaron sentimientos de “impotencia, angustia, frustración, indignación, temor e inseguridad”.

Su vida, alegó, no volvió a ser la misma, mientras que la exposición mediática sufrida a raíz del caso afectó negativamente su imagen.

Sobre Anttec, dijo que se lesionó su honor objetivo e imagen.

El juzgado reconoció la afectación moral del empleado.

“La indemnización por daño moral se justifica en la afectación grave en el estado de ánimo, la angustia, desesperación y la tristeza ocasionados a don Jorge con ocasión de haber sido seguido durante 11 días, con base en una investigación que el Tribunal Constitucional declaró manifiestamente ilegítima y en una grosera violación a su derecho a la intimidad”, indica la sentencia. Respecto a Anttec, el juzgado alegó falta de legitimación para el reclamo.