Karen Vallejos tiene 32 años de edad y nueve de vivir en el país.
Ella dejó su natal Matagalpa y empacó ilusiones para buscar un mejor futuro en Costa Rica.
Aquí se desempeña como empleada doméstica y es una de las miles de nicaraguenses que a acudieron a la Dirección General de Migración y Extranjería para regularizar su situación.
Empezó los trámites a principios de enero, pero la tarea le resultó tan complicada que debió buscar ayuda en el Servicio Jesuita para Migrantes.
Su problema, narró, fue conseguir la cita en Migración para entregar los documentos y optar por el permiso de trabajo.
“Estuve todo un día, desde las 4 a. m. hasta las 5 p. m., para sacar cita y no me valió. Me dijeron que solo se podía por teléfono”, dijo.
Se devolvió con las manos vacías y al día siguiente empezó a marcar el número destinado para otorgar las citas.
“Eso es como un robo. Compré una tarjeta de ¢2.500 y espere y espere y nada. Tenía que salir a comprar otra. Ese día gasté ¢6.000 y no hice nada”, contó.
Alguien le dijo que la Iglesia jesuita daba ayuda, así que su esposo se fue a confirmarlo.
“Pagó ¢2.000 y nos sacaron la cita inmediatamente”, comentó.
El 8 de enero los documentos de Karen quedaron en Migración. Si los plazos se cumplen a principios de marzo deberá tener una respuesta a su solicitud.
Ariel Castillo, coordinador de la Asociación Ticos y Nicas: Somos Hermanos, afirmó que esa organización constantemente recibe solicitudes de ayuda de migrantes que quieren legalizar su estatus, y ellos los remiten con un abogado.
Rosita Acosta, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes) manifestó que las empleadas migrantes pasan penurias no solo por los trámites, sino porque muchas veces los patronos no les ayudan con todos los documentos que deben presentar, como las certificaciones de ingresos. Otros rehúsan asegurarlas. Si no tiene seguro, no puede renovar el permiso de trabajo.