Por: Eillyn Jiménez B. 2 febrero
Las unidades Tuasa ofrecerán el servicio adicional a partir del próximo lunes.
Las unidades Tuasa ofrecerán el servicio adicional a partir del próximo lunes.

La Procuraduría General de la República determinó este jueves que el Consejo de Transporte Público (CTP) y la empresa Tuasa carecen de autorización para fijar un precio y establecer una modalidad de servicio de transporte especial.

El pronunciamiento se da luego de que el CTP consultara al ente procurador acerca del caso. La polémica surgió después del anuncio de que las unidades especiales que operarían de manera directa entre Alajuela y San José, por el cierre del puente de la "platina", cobrarían ¢1.200 por el viaje.

"La Ley 3503 no autoriza al Consejo de Transporte Público para crear nuevas modalidades o submodalidades de servicios públicos especiales. (...) La demanda residual y particular que puede ser satisfecha con un permiso debe concernir el transporte de turistas, de los estudiantes o de los trabajadores", explica el informe.

El informe emitido por la Procuraduría señala también que el costo de un servicio como el que iba a ofrecer Tuasa debe ser fijado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), pues se trata de un servicio público.

"Las partes no son libres para determinar cuál es la tarifa aplicable ni establecer el modelo o metodología tarifaria aplicable", agrega el pronunciamiento.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, dijo el pasado 19 de enero que la consulta se remitió a la Procuraduría debido a las dudas de si se trataba de un precio o una tarifa.

El servicio normal desde la provincia alajuelense y la capital es de ¢500 con paradas y de ¢520 si es directo, por lo que el cobro de ¢1.200 constituía una diferencia de un 130%.

El CTP defendió junto a representantes de Tuasa que la diferencia de precios se daba para no perjudicar a los usuarios del servicio regular y que la propuesta para ofrecer esta opción a los usuarios fue hecha por la firma autobusera antes del cierre de la "platina".

Mario Zárate, jerarca del CTP, siempre defendió que lo actuado por la entidad que dirige era legal.

"La administración tiene, en el tanto exista asidero legal, posibilidades de tomar decisiones en el tanto haya una ley que lo respalde", había dicho el burócrata.

Al cierre de edición no habían respondido las múltiples llamadas ni el gerente de Tuasa, Neftalí Cubillo, ni Zárate.