Grupo de oficiales compró equipo con dinero propio para respaldar acciones

Por: Diego Bosque 13 noviembre, 2016

Una madre intenta salvar a su hijo de una multa por conducir un camión sin licencia, con un ofrecimiento de dinero.

Un hombre en moto lleva al kínder a un niño sin casco.

El chofer de una vagoneta del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) saca de su billetera ¢5.000 cuando el policía de tránsito le pide su licencia, luego de ser detenido por hacer una maniobra indebida.

Un taxista, parqueado en una zona prohibida, se baja a increpar a los tráficos y los llama “sapazos” por pedirle que moviera su vehículo.

Pablo Agüero, oficial de tránsito en San José, utiliza una cámara de video en su casco desde hace dos años porque su papá se la regaló. El hombre asegura que el aparato es clave para su labor. | ALEJANDRO GAMBOA
Pablo Agüero, oficial de tránsito en San José, utiliza una cámara de video en su casco desde hace dos años porque su papá se la regaló. El hombre asegura que el aparato es clave para su labor. | ALEJANDRO GAMBOA

Esos son algunos de los hechos grabados por las cámaras que unos 15 oficiales instalaron en sus cascos, con su dinero.

Los dispositivos, que cuestan entre $300 y $550, se han convertido en la principal arma de los tráficos para demostrar las infracciones de los conductores en las audiencias de apelación de partes, pillar y advertir de personas que intentan darles sobornos y sentirse más seguros cuando patrullan solos por la falta de personal que experimenta la Policía de Tránsito.

Según datos de esa institución, en la actualidad disponen de 762 efectivos. Para cubrir las necesidades, se deberían contratar 1.165 oficiales nuevos.

Oficiales de tránsito
Oficiales de tránsito

Por ejemplo, en nueve delegaciones, durante las noches, solo hay un policía disponible por la escasez de recurso humano.

“Lo más importante es la seguridad porque si alguien piensa atentar contra uno, tendría que llevarse la cámara para borrar el registro (...). Todos (los compañeros) quisieran tener cámara, pero no todos pueden comprarla”, dijo Pablo Agüero, uno de los policías que trabaja en ese plan.

El pasado 5 de marzo una filmación de Agüero captó cómo un menor de edad huía en una motocicleta a más de 100 kilómetros por hora en la ruta 27. El joven iba sin casco, sin chaleco reflectivo y sin retrovisores.

Al ser detenido, el menor aceptó que no poseía licencia; la moto era prestada.

“Desde que usted aborda a la gente y ellos le ven la cámara, se nota que la gente baja el tono, se calma, piensa más lo que va a hacer porque saben que se está guardando un registro”, añadió Agüero.

Marvin Ovares, oficial de tránsito desde hace 22 años, fue el primero en instalar una cámara.

“La pagué con una quincena (salario), esa quincena pase limitado, pero hice la inversión; era una cámara sencilla, muy simple; no es como la que tengo ahora que tiene mejor resolución y conexión a Internet; me costó ¢250.000 y lo pagué con mi tarjeta de crédito”, comentó.

“Me ha sucedido que en las audiencias de impugnación los conductores narran hechos y sus testigos también y a la hora de presentar el video es fácil desmentirlos. Incluso, los jueces les hacen ver que tienen que rectificar su declaración o serán acusados de falso testimonio”, agregó.

Iniciativa. Mario Calderón, director de Tránsito, manifestó que en los próximos meses llegarán 30 cámaras de video para iniciar un programa piloto.

El sistema tendrá la capacidad de grabar la labor de los oficiales durante la totalidad de su jornada laboral. El material captado será almacenado en los servidores de la entidad.

Además, se pretende dotar de cámaras al menos a 100 tráficos en un plazo de 4 años, proyecto que tendría un costo de ¢200 millones, según estimaciones de Calderón.

Uno de los principales objetivos, explicó el jefe policial, es que las personas piensen dos veces antes de ofrecer una mordida a los funcionarios al tiempo que los oficiales también se vean imposibilitados de aceptarla, pues hay una grabación.