La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) tiene cuatro meses para actualizar los datos del sector móvil y convocar a la audiencia pública que definiría el futuro del cobro por descarga de datos para Internet móvil, en modalidad pospago.
Así lo ordenó la Sala Constitucional, al declarar con lugar un recurso de amparo presentado en junio del 2014, por un ciudadano de apellido Chacón, en contra de la Sutel y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Chacón alegó que estaba inconforme con el modelo propuesto, cuestionó el rol de la Sutel en la modificación y reclamó que hacía falta actualizar la información del mercado y facilitarla al público, antes de convocar a una audiencia pública sobre el tema. Según él, la metodología violaría los derechos y perjudicaría a los ciudadanos.
Pese a que el recurso fue declarado con lugar el lunes 6 de octubre del 2014, el proceso de notificaciones a las partes involucradas se inició hasta hace 15 días (por retrasos en la redacción de la sentencia) y hasta ahora se completó. Así lo confirmó, este viernes, la Sala IV.
Ahora, la Sutel tiene un plazo de cuatro meses para realizar la convocatoria a una nueva audiencia, con la información actualizada y pública de todos los operadores del mercado.
¿En qué consiste? La iniciativa de la Superintendencia pretende implementar en el país la siguiente propuesta de cobro: que los clientes del servicio pospago paguen la misma tarifa de ¢0,0075 por kilobyte por descarga, que hoy cancelan (más impuestos) los usuarios prepago.
La tarifa vigente para telefonía móvil pospago es plana y se aplica según la velocidad.
Según Marileana Méndez, presidenta del Consejo de la Sutel, la idea es que las personas escojan entre las dos modalidades (por descarga y velocidad); esto es, que ambas coexistan.
El recurso de amparo de Chacón fue el primero que se presentó contra el plan de la Sutel y ha habido cuatro quejas más .