La atención en Ebáis, clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social encabeza la lista de insatisfacciones por los servicios públicos, según la encuesta realizada en enero por la Contraloría General de la República.
El ente contralor hizo la consulta a 3.000 ciudadanos de todas las provincias con la idea de medir el grado de conformidad y la calidad de vida de los costarricenses. La información fue integrada a la Memoria Anual 2014, presentada esta mañana.
Además de los servicios de salud, la duración de los traslados en transporte público y la obtención de becas en universidades está entre los que más quejas provocan de los ciudadanos.
Según los resultados de la encuesta, solo la mitad de los entrevistados consideran buena la atención administrativa en Ebáis, el 58% en clínicas y el 52% en hospitales. Entretanto, el 51% considera que existen buenas instalaciones en Ebáis, el 68% en las clínicas y el 61%, en hospitales.
Una de las cifras más reveladoras es que el 71% de los entrevistados reclama la duración para obtener una cita en los hospitales públicos.
Esta datos se dan a conocer apenas unos días después de que la CCSS puso en funcionamiento un plan de emergencia para atacar las listas de espera, sobre todo, para pacientes de cardiologia.
"El tema de salud reflejó insatisfacción de las personas con este servicio, sobre la efectividad de los tratamientos, con la calidad de instalaciones. También el tema de educación nos reveló quejas sobre becas, son porcentajes altos que dicen no conocer cómo acceder a becas", expresó Marta Acosta, contralora general de la República.
La jerarca aprovechó la presentación de la Memoria 2014 para reiterar su preocupación por las finanzas públicas, situación sobre la que viene advirtiendo desde meses atrás.
Insistió en que los ingresos no crecen debido a una economía desacelerada, sin embargo, dijo, el gasto primario se dispara y genera déficit.
"Si las condiciones internacionales estables cambiaran, el Gobierno se vería expuesto a una altísima presión fiscal que podría poner en riesgo los servicios que brinda a la ciudadanía y también la estabilidad económica y social del país", advirtió.
Acosta reiteró que la Contraloría debió rechazar la liquidación del presupuesto de la República, que presentó el Ministerio de Hacienda, debido a inconsistencias en la partida de remuneraciones del Ministerio de Educación Pública y en la partida de los regímenes de Pensiones.
Hizo hincapié, en que, como nunca antes, durante el 2014 se utilizó deuda para financiar gasto corriente, lo que violenta el artículo 6 de la Ley de Administración Financiera.