Por: Irene Vizcaíno 5 noviembre, 2015

El futuro de las fiestas y actividades recreativas pagadas por Recope para sus empleados quedó en manos de la Sala Constitucional.

Sara Salazar, presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), planteó este miércoles una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 107 de la convención colectiva de esa empresa pública, el cual establece que la entidad debe financiar estas actividades sociales de sus funcionarios.

La gestión se realizó luego de que la Presidencia de la República prohibiera pagar con fondos públicos las celebraciones navideñas y de otra índola para los empleados estatales. En el caso de aquellas entidades donde tal compromiso está incluido en la convención, la recomendación del presidente Luis Guillermo Solís es utilizar los mecanismos legales para combatirlo.

La presidenta de Recope, Sara Salazar, el 14 de agosto en conferencia de prensa.
La presidenta de Recope, Sara Salazar, el 14 de agosto en conferencia de prensa.

En este momento, la convención de Recope está en proceso de renegociación, sin que todavía haya resultados. Por esta razón, Salazar acudió al tribunal constitucional para que anule el beneficio relacionado con las fiestas.

Mientras se resuelve su pedido, Salazar también solicitó a los magistrados que se suspenda temporalmente la aplicación del artículo 107.

"La presidenta de Recope alegó que este beneficio resulta "irrazonable y desproporcional" al obligar al Estado a destinar importantes sumas de dinero sin que exista una razón objetiva que justifique la erogación. Con la cláusula impugnada, se permite un uso inadecuado de recursos de Recope, estableciendo un privilegio carente de justificación, irrazonable y lesivo del erario público", dice el comunicado enviado ayer por la Presidencia.

Para este año, se gastarían casi ¢7 millones en la actividad para 300 empleados denominanda "Noche Vaquera". La Refinadora tiene 1.700 funcionarios.

El año anterior, el costo de las actividades fue de ¢10,4 millones.

Ya en el 2013, la Sala Constitucional redujo el auxilio de cesantía en Recope de 24 a 20 años, al resolver una acción interpuesta por la Contraloría General de la República. La baja en el tope también se dio para otras cuatro instituciones.