La Cámara Nacional de Autobuseros y la Defensoría de los Habitantes habían solicitado al ente regulador aplazar la audiencia para después de las elecciones.

Por: Manuel Herrera 13 diciembre, 2013

La Sala Constitucional frenó la audiencia pública programada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para el próximo martes, donde analizaría el modelo de fijación ordinaria de tarifas de autobús.

La suspensión se dio luego de que la Sala acogiera para estudio un recurso de amparo presentado el 3 de diciembre por José Antonio Rojas Hernández, a favor de la Asociación Nacional Pro Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos contra la Aresep.

En la acción, Rojas señala que la convocatoria a la audiencia es omisa, pues no indica con claridad que se trata de una modificación al modelo tarifario actual.

Además el recurrente afirma que con la nueva fórmula la depreciación de los autobuses pasará de siete a quince años, provocando un desequilibrio en la calidad y seguridad del servicio.

Rojas también impugna los acuerdos 03-79-32013 y 01-82-2013 del 21 de noviembre pasado donde la Junta Directiva de la Aresep decidió someter a audiencia pública el nuevo modelo tarifario.

La empresa de buses Station Wagon será adquirida por su competencia Tuasa.
La empresa de buses Station Wagon será adquirida por su competencia Tuasa.

Carolina Mora, vocera de la Aresep, indicó que hasta ayer el ente regulador no había sido notificado; sin embargo, esperan que ese procedimiento se de en el transcurso de este viernes.

"Hasta donde tenemos conocimiento, en todo momento la Aresep cumplió con los requisitos y plazos establecidos por la ley para dar paso a la participación ciudadana", manifestó Mora.

Agregó que la Aresep deberá acatar lo que diga la Sala y que una vez que sean notificados van a proceder con sus alegatos.

La semana anterior la Defensoría de los Habitantes envió una solicitud a la Junta Directiva de la Aresep para aplazar la audiencia. Una semana antes también la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus) había pedido lo mismo.

Ambas solicitudes pedían el traslado de la audiencia hasta después de las elecciones presidenciales del 2 de febrero.

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