Denuncia cuestionó que funcionaria salió de la institución en 2004 para fundar una empresa que hizo contratos con la entidad; luego volvió al ICE en 2010 a ocupar alto puesto

Por: Juan Fernando Lara 12 enero
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San José.

La Procuraduría de la Ética Pública desestimó una denuncia interpuesta por nueve diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público en contra de la directora jurídica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Julieta Bejarano Hernández.

Los legisladores sostenían que desde su cargo Bejarano "violenta el deber de probidad".

El cuestionamiento se dio porque una empresa que ella fundó con otras cuatro personas en 2005, y de la cual salió en 2010 para volver al Instituto Costarricense de Electricidad como jefa legal, recibió "contratos directos" por $17,6 millones en siete años, del 2006 al 2012.

Los legisladores llevaron el caso ante el procurador de la ética pública, Rónald Víquez –con copia al presidente Luis Guillermo Solís– y solicitaron a la oficina anticorrupción investigar.

Según dice la carta enviada por los nueve legisladores a Víquez, "podría continuar existiendo la relación entre la señora Julieta Hernández y sus antiguos socios de la empresa GIP (Consultores en Infraestructura GIP Limitada), generando esto un posible favorecimiento y afectando la transparencia con la que debe regirse el ICE".

En el 2012, este diario informó de que Bejarano se acogió en el 2004 a la movilidad laboral, tras 32 años de trabajo en el ICE. El 1.° de diciembre del 2005 fundó GIP, en su casa de habitación, junto con cuatro personas más. El 7 de mayo del 2010 cedió todas sus acciones (20%), sin mediar pago alguno, a dos socios para reincorporarse al Instituto.

Allí, como jefa legal, ocupa una silla en la Junta de Adquisiciones del ICE.

GIP ha sido contratada en diversos fideicomisos, sea por el Banco Nacional o por el Banco de Costa Rica, en su calidad de fideicomitentes, como Unidad Ejecutora de los proyectos (hidroeléctricos) Cariblanco, Peñas Blancas, Garabito y Toro 3, de los cuales el ICE es fiduciario, habían enumerado los legisladores en la carta.

"Consideramos que el hecho de que exfuncionarios del ICE se hayan retirado de la institución para fundar, en el ejercicio privado de sus profesiones, una empresa que concursa para obtener contratos con la institución, y, posteriormente, una de sus socias abandona la firma para regresar a la institución y, desde ahí, tener el poder de decisión y/o influencia como directora jurídica, mano derecha del presidente ejecutivo y miembro de la Junta de Adquisiciones del ICE, violenta el deber de probidad que establece el artículo 3 de la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito de la función pública", dijeron en aquel pedido de indagación.

Sin embargo, en la resolución AEP-RES-086-2016 del procurador Ronald Víquez Solís –comunicada en octubre a los nueve diputados de la Comisión– se concluyó que, una vez efectuado el examen de admisibilidad, "no resulta procedente iniciar una investigación preliminar de los hechos denunciados" y ordena "el rechazo de la denuncia y el archivo del expediente".

La Procuraduría basó su decisión en una investigación que en 2014 hizo la Contraloría General de la República sobre los mismos hechos, la cual desestimó la denuncia. La resolución agrega que el señalamiento presentado por los diputados tampoco brindó información adicional a la ya considerada por el ente contralor.

"Cuando ya se ha indagado reiteradamente sobre el mismo tema y se insiste en nunca acabar, cabe preguntarse sobre los verdaderos motivos de todo este afán, que empieza a verse como persecutorio", comentó Julieta Bejarano según un comunicado de prensa emitido por el ICE hoy jueves.

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