Caso de gerente de Pensiones lleva 25 meses en indagación y no está en fase final

Por: Luis Edo. Díaz 15 febrero, 2013

Investigaciones y eventuales sanciones por la adquisición de activos sin estudios previos, conflicto de intereses, irregularidades en compras y hasta la posible alteración de folios en expedientes de medicamentos son solo parte de los casos en los que aún no se señalan responsables en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Solo el año pasado, al Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) de la Caja ingresaron cerca de 200 investigaciones “complejas” contra funcionarios, en especial hechos sobre posible daño patrimonial o faltas graves, como los casos de acoso laboral o sexual.

Esos se unieron a otros procesos que permanecen activos y que terminan acumulando meses y años antes de que se llegue a una medida sancionatoria o la absolución del implicado.

Un ejemplo de ello es el proceso contra el gerente de Pensiones, Miguel Pacheco Ramírez, quien desde diciembre del 2010 está separado del cargo por diversos señalamientos y la fecha –25 meses después– no hay resultados.

A Pacheco se le investiga por la no presentación de presupuestos de la Gerencia y la implementación de un plan de mejoramiento sin los estudios de factibilidad –del 2008 al 2010 creó 338 plazas y eso no impactó positivamente la gestión–.

Pacheco estuvo suspendido más de un año y medio con goce de salario (¢3,6 millones mensuales) y actualmente, para aprovechar la plaza, la Caja lo ubicó en un área de la Gerencia Médica.

Otro de los casos pendientes es la investigación por supuestas anomalías en los procesos de compras de medicamentos realizados desde la Gerencia de Logística.

En esa investigación hay al menos cinco implicados, incluido el exgerente Ubaldo Carrillo, quien el año pasado fue trasladado a la Dirección de Pensiones.

Apelaciones. El CIPA es una “Unidad Técnica Jurídica especializada en la tramitación de procedimientos administrativos”, explicó su directora, Maritza Cantillo, y está conformada por 25 funcionarios, 14 de los cuales son abogados.

Cantillo señaló que el tiempo que tarde la instrucción de un caso no necesariamente depende del Centro pues en muchas ocasiones hay de por medio la obtención de pruebas y peritajes.

Otras veces, dijo la funcionaria, los casos se extienden en el tiempo por acciones de los investigados.

Por otra parte, las recomendaciones del CIPA no necesariamente son vinculantes.

Luis Fernando Campos, gerente administrativo de la Caja, reconoció la tardanza en casos relevantes, por lo que ahora pedirán a las jefaturas que sean ellas las que resuelvan la mayoría de esos asuntos .