Mandatario dijo en entrevista de Canal 13 que le han dicho que "fórmula está mala" y no se ajusta a la realidad

Por: Juan Fernando Lara 9 mayo

San José.

El presidente Luis Guillermo Solís puso en duda el modelo de ajuste tarifario de autobuses que aplica la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Sus afirmaciones, dijo, se basan en versiones que le han contado y en estudios técnicos que no precisó.

Sus consideraciones la dio a conocer en el programa RTN Revista, de Canal 13, el viernes anterior, cuando se le consultó si el Gobierno no debería apoyar más a Aresep en el tema de la fijación tarifaria de autobuses.

"Si la fórmula que están usando es buena, sí. Lo que me a mí me han dicho es que la fórmula está mala y que hay una serie de estudios que prueban que la forma como Aresep quiere cobrar esas tarifas no se ajusta a la realidad y que esa no es una valoración política, es una valoración técnica y ese debate que está ahí planteado, me parece que hay que aclararlo", manifestó.

El gobernante agregó que el método podría ser un "despropósito" si no existe un mecanismo confiable para definir tarifas, que considere la calidad de la flota de autobuses y las obligaciones de las empresas para garantizar un servicio público de buena calidad.

"La Aresep cuenta con todo mi apoyo para el trabajo que realizan, por supuesto, pero quiero estar seguro de que no van a cometer una injusticia. La Aresep no es infalible y me parece que tiene que aclararse el tema de la fijación de las tarifas a partir de una fórmula que sea técnicamente defendible", finalizó el presidente.

La nueva fórmula de cálculo se implementa pese a la fuerte oposición de los autobuseros que han presionado ante diferentes instancias procurando frenar su aplicación.
La nueva fórmula de cálculo se implementa pese a la fuerte oposición de los autobuseros que han presionado ante diferentes instancias procurando frenar su aplicación.

La nueva metodología de buses fue aprobada en febrero de 2016 y se aplicó en agosto para sustituir una fórmula de ajuste ordinario que tenía dos décadas. Desde entonces, su implementación ha generado al menos seis rebajas.

Uno de esos ajustes es en la ruta San José – Calle Blancos – Montelimar y San Antonio, cuyos usuarios pagan ¢70 menos (de ¢275 a ¢205) desde la semana pasada, producto de la aplicación de la fórmula.

Desde el sábado por la mañana, mediante consultas al área de prensa de Casa Presidencial, se intentó precisar con Solís sobre quién o quiénes le habían informado que la fórmula "está mala" y cuáles son los estudios a los que hizo referencia. Hasta la tarde del lunes no se había obtenido respuesta.

Tampoco el regulador Luis Roberto Jiménez quiso pronunciarse sobre el tema.

Se consultó a Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) si se han acercado a Casa Presidencial. Se limitó a responder: "Solo le aclaro que la Cámara Nacional de Transporte no se ha reunido con el señor presidente".

Esta, sin embargo, no sería la primera vez que el presidente acoge las preocupaciones de los autobuseros. En junio del 2016 acordó que una comisión se encargaría de retomar el tema para escuchar a los empresarios en el proyecto de sectorización, el cual para entonces tenía 17 años de estar en agenda.

El disgusto de los empresarios en torno al tema le costó el puesto al viceministro de Transportes, Sebastián Urbina.

Casa Presidencial también creó otra comisión para revisar el plan de cobro electrónico en el transporte público, en torno al cual los buseros tienen objeciones.

Fuerte oposición

El cambio más significativo de la fórmula de cálculo es que utiliza datos de demanda o cantidad de usuarios provenientes del Consejo de Transporte Público (CTP) o estudios de la propia Aresep, y no información que suministraban los propios buseros.

El método requirió estudios y negociaciones por seis años entre cámaras empresariales, la Defensoría de los Habitantes, el CTP y representantes de consumidores.

A pesar de ese tiempo de discusión, los empresarios objetaron la audiencia pública para dar a conocer la fórmula. La Sala Constitucional declaró sin lugar tres acciones y finalmente la diligencia se realizó en diciembre de 2015.

Después de su aprobación por la Junta Directiva de la Aresep, el regulador recién nombrado, Luis Roberto Jiménez, también creó un grupo que integraban los buseros para escuchar los argumentos, aunque finalmente, decidió implementarla.

También hubo gestiones desde la Asamblea Legislativa, primero por parte del diputado Gerardo Vargas Varela, del Frente Amplio, y, posteriormente, de 21 legisladores encabezados por Luis Vásquez, de la Unidad Social Cristiana, quienes pidieron al ente regulador y a las autoridades de transportes revisar la fórmula.