Promete unidad rectora para fiscalizar a sector que abastece a 50% de la población

 4 julio, 2014
Las tarifas de agua han aumentado debido a la escasez del líquido y a las crecientes inversiones de Acueductos y Alcantarillados. | LUIS NAVARRO
Las tarifas de agua han aumentado debido a la escasez del líquido y a las crecientes inversiones de Acueductos y Alcantarillados. | LUIS NAVARRO

Yamileth Astorga, presidenta de AyA, anunció que muy pronto fiscalizará y ejercerá control sobre los acueductos rurales y municipales, que, según ella, se manejan “a su antojo”.

Su propósito es regularlos para fortalecerlos. Por ello, propone crear una unidad interna especial que controlará “toda el agua del país”. No hay fecha definida para integrar ese grupo.

En caso de concretarse esa acción, que promueve la jerarca del AyA, habría cumplido medio siglo de rezago, pues en 1961 la ley constitutiva le dio a Acueductos la potestad de rectoría y fiscalización, pero de ello no hay rastro, a pesar de las llamadas de atención de la Contraloría General de la República.

Lo curioso es, que aunque se origine en el seno de la institución, esa unidad deberá controlar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA), al igual que lo hará con las otras entidades. Eso requiere independencia y objetividad. “No nos podemos autorregular; aunque esté bajo la sombrilla del AyA; esta instancia debe ser independiente”, explicó Astorga.

Cambio. El plan de AyA es “cambiar radicalmente” su tensa relación con los gobiernos locales y con las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asadas), que abastecen de agua potable al 50% de la población. Eso incluye armar –en año y medio– una base de datos para ubicar y registrar la capacidad de los acueductos y organizaciones sin convenio de delegación con AyA. Son solo 1.548 las que sí registran contratos formales.

¿Cuánta participación deben tener los municipios en el abastecimiento? Según Astorga, estos deben tener muchas más funciones de las que tienen hoy la mayoría.

Reconoce problemas de coordinación: 15 días atrás, 27 cantones, (el 33%) tenían paralizado el desarrollo de construcciones por tiempo indefinido, a raíz de la falta de agua. Para permitirlas, la mayoría de alcaldías requiere aval del AyA.

El Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, aprobado, en primer debate, el 31 de marzo anterior, establece que la planificación del agua irá amarrada al ordenamiento del territorio.

El regulador general de los servicios públicos, Dennis Meléndez, explicó que las altas tarifas que pagan los usuarios responden a las recientes inversiones del AyA en proyectos costosos, que debió atender décadas atrás.

Por más de que todo ese peso recaiga en las tarifas actuales, Astorga aclaró que seguirán adelante, para garantizar el abastecimiento. Por ejemplo, para amortiguar la escasez y las fugas, le apunta a un plan de seis años para reducir en 17 puntos porcentuales el agua no facturada (de 47% a 30%) y, así ,vender hasta el 70% del líquido.