Vecinos del precario Las Brisas de Rossiter Carballo temen que ampliación de la vía a San Ramón acelere el desahucio

Por: Eillyn Jiménez B. 29 febrero, 2016

El precario Las Brisas de Rossiter Carballo, en La Uruca, crece a un lado de la autopista General Cañas, muy cerca del puente sobre el río Virilla.

La cantidad de ranchos de madera y latas de cinc ha ido en aumento en los últimos meses, aunque los vecinos que llevan allí más tiempo sostienen que ya cumplen dos años sin que una autoridad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) les advierta que deben desalojar.

El jueves pasado, cuando el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, visitó la zona para anunciar la ampliación del puente de "la platina", los nervios aumentaron entre los lugareños.

Se trata de 23 familias y algunas de ellas temen que la eventual ampliación de la carretera San José–San Ramón, anunciada para el 2017, acelere su desalojos.

"Uno sabe que este terreno es prestado, que no nos podemos quedar acá, tenemos mucha zozobra. Conmigo se vinieron dos hijas y dos nietas, la verdad este lugar es precioso para vivir, antes estaba en La Aurora de Alajuelita, pero allá había mucha inseguridad", narró a La Nación Luz Mary Ramírez, quien vive en Las Brisas desde hace año y medio.

Tanto Ramírez como Juan Francisco Zambrano, propietario de otro de los ranchos del sector, confirmaron que ningún funcionario los ha visitado para hablarles de un posible desalojo.

"Nosotros tenemos dos años de vivir acá y nunca nos han dicho nada, me vine desde Limón en busca de más posibilidades de trabajo, pero no sabemos qué va a pasar cuando nos desalojen, no hemos pensado nada", expresó Zambrano.

"Uno sabe que este terreno es prestado, que no nos podemos quedar acá, tenemos mucha zozobra. Conmigo se vinieron dos hijas y dos nietas, la verdad este lugar es precioso para vivir", Luz Mary Ramírez, vecina del precario.

Sin embargo, los voceros del departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT, aseguran que este mes de marzo empezarán las inspecciones en esta, la ruta 1, para determinar en qué lugares hay ranchos o casas que obstruyen el derecho de vía.

Así lo confirmó Vinicio Barboza, jefe de esa división, quien sostuvo que primero van a recabar información de las personas que se encuentran en ocupación "indebida o ilícita".

Según el funcionario, aquí el derecho de vía consta de 50 metros de ancho, por lo que toda estructura que esté en ese territorio será removida.

"La información se recolecta en una o dos semanas, luego se procede a elaborar un acto administrativo de desalojo o demolición, por lo que se les comunica a quienes se encuentran en el sitio", detalló Barboza.

De acuerdo con la Ley de Administración Pública, las personas notificadas tendrán 15 días hábiles para impugnar el desalojo ante Inspección Vial y Demoliciones y, dependiendo de los argumentos presentados, se procede o se detiene la medida.

"Cuando existen elementos suficientes para presumir que el desalojo puede causar un daño irreversible o irreparable, nosotros elevamos la apelación al despacho del ministro (Carlos Villalta), él luego nos da la instrucción a seguir", manifestó Barboza.

En caso de que exista un proceso contencioso administrativo, las autoridades tardarán más tiempo en hacer efectiva la medida, reconoció el funcionario del MOPT.

Karla Zambrano, otra de las habitantes del precario, comentó que uno de los vecinos tiene contactos en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), por lo que cree que hay un censo de la cantidad de personas que viven en el sitio.

Sin embargo, para todos la incertidumbre en torno a su futuro es constante. La mayoría alega que no tienen otro lugar a donde ir.

Jenni Alvarado vive en la casa #9, según se indica al lado de la puerta de su rancho. Ahí espera, junto a su familia, la llegada de un niño.

Al igual que Ramírez y los Zambrano, ella tampoco ha sido alertada de un posible desalojo, pero confía en que las autoridades analicen una solución de vivienda para los habitantes de la zona.

Coordinación institucional. Antes del desahucio, el MOPT debe coordinar con diversas instituciones con el objetivo de velar por la seguridad, tanto de los funcionarios como de las personas que se encuentren en el sitio.

"Evidentemente el desalojo no se va a hacer de manera arbitraria, antes hay que generar una reubicación de estas personas. El presidente Luis Guillermo Solís nos pidió coordinar con las instituciones encargadas del tema social", mencionó el jerarca de Inspección Vial y Demoliciones.

Según Barboza, la Fuerza Pública, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el IMAS, así como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), son parte de las entidades con las que deben trabajar a partir de la definición de resultados del estudio.