Por: Diego Bosque 15 junio, 2015

El proyecto de ley anunciado por el Gobierno para reformar el Consejo de Transporte Público (CTP) es un misterio.

La representación de taxistas es una de las que saldría de la Junta Directiva del CTP si prospera la propuesta de ley del Gobierno. | J. NAVARRO
La representación de taxistas es una de las que saldría de la Junta Directiva del CTP si prospera la propuesta de ley del Gobierno. | J. NAVARRO

Lo poco que se sabe es que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pretende excluir a los taxistas, autobuseros y usuarios de la Junta Directiva de esa dependencia.

“Consideramos que el Consejo tiene que ser un ente totalmente técnico”, declaró en marzo pasado el ministro Carlos Segnini, quien aclaró que esos sectores serán consultados cuando corresponda.

Segnini también dijo en aquel momento que se pretende “agilizar las resoluciones y hacer una composición diferente en la toma de decisiones”.

Al respecto, Sebastián Urbina, viceministro de Transportes, indicó que no hablará del tema porque aún se está trabajando en la propuesta.

”Está en borrador, ya casi lista. Cuando terminemos el proceso, la sacaremos a discusión.

”Hasta que no lo hayamos finalizado no voy a hablar más de lo que ya se ha dicho. Las cosas pueden cambiar”, señaló Urbina por mensaje de texto.

Uno de los objetivos de la reestructuración anunciada por el Poder Ejecutivo es evitar conflictos de interés en las decisiones del Consejo.

La ley de creación de esta dependencia establece que buseros, taxistas, usuarios y municipios tienen derecho a una plaza en la Directiva, con voz y voto.

Dudas y temores. La eventual reforma del CTP mantiene en alerta a las cámaras de autobuseros y taxistas.

Gilbert Ureña, presidente del Foro Nacional de Taxistas, aseguró que su organización no va a permitir que le quiten su representante en la Junta Directiva.

De hecho, el Foro amenaza con realizar con protestas si el planteamiento persiste.

“La Sala Constitucional se ha pronunciado sobre la participación ciudadana en los entes públicos”, afirmó Ureña.

Ureña consideró que el MOPT pretende centralizar el poder en el Consejo.

“Quieren hacer lo que diga el ministro y sus técnicos del MOPT, nada más”, aseveró.

Mientras tanto, Alfredo Villalobos, presidente de la Cámara Nacional de Autobuseros, expresó que no se referirán hasta que conozcan el plan del MOPT.

“Estamos esperando que lo presenten para manifestarnos (...). Lo hemos dicho antes, si la propuesta mejora la situación actual la apoyaríamos, pero queremos verla”, manifestó.

Villalobos indicó que si quiere dársele transparencia a las decisiones de la Junta Directiva del CTP, se pueden grabar las sesiones y colocarlas en sitios de consulta pública.

Esta no es la primera vez que dicha dependencia se encuentra bajo revisión. En febrero del 2014, el Gobierno ordenó una intervención de cuatro meses en el Consejo debido a su tardanza para resolver trámites, fallas en procedimientos e incumplimiento de metas.

Cuestionamiento. Un caso que atizó el debate sobre la actual composición de la Junta Directiva del CTP es el del importador de autobuses, Juan Carlos Soto, dueño de Eurobús.

El Consejo de Gobierno mantiene una investigación por el nombramiento del empresario.

Según una nota enviada por la firma Daewoo al presidente Luis Guillermo Solís, la designación de Soto le otorga “gran influencia” sobre los empresarios del sector de transporte público.

“El nombramiento de este distinguido empresario constituye una amenaza clara y directa a los principios de igualdad y de libre empresa”, señala el escrito remitido meses atrás.

Soto también es el concesionario de las rutas de autobús San José-Puntarenas y San José-San Ramón.