EscucharCosta Rica desaprovecha potencial para producir más energía limpia debido a una serie de obstáculos impuestos a la generación privada.
Precios de venta poco atractivos y falta de claridad en la tramitología del ICE impiden a los cogeneradores aportar 180 megavatios (MW) en plantas hidroeléctricas, eólicas y de biomasa.
Esta energía es más barata y menos contaminante que la generada mediante la combustión de hidrocarburos (térmica).
Esos 180 MW que se desaprovechan son casi el equivalente a la potencia de la planta térmica Garabito (200 MW) que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pondrá a operar en las próximas semanas.
Dicha planta opera a base de búnker y aportará la energía requerida por unos 80.000 hogares.
Actualmente, el sector privado contribuye con un 21% (512 MW) de la capacidad instalada en el país (2.450 MW). Sin embargo, la ley les permite participar hasta con un 30% de todo el potencial (735 MW).
Además, el ICE adjudicará 50 megavatios más de una planta eólica en el primer trimestre del 2011. Por tanto, el disponible para nuevas plantas es de unos 180 megavatios.
Mario Alvarado, presidente de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), manifestó que estos son los últimos escollos a la generación privada, pues hubo muchos más que ya fueron superados.
Citó, por ejemplo, que el desarrollo de plantas hidroeléctricas privadas estuvo frenada durante más de una década por un vacío legal sobre el otorgamiento de concesiones de agua para generación. Esto se corrigió en el 2009.
También, dijo Alvarado, había limitaciones para la generación de energía eólica.
La tarifa vigente de $0,06 por kilovatio hora (kWh) se fijó en el 2002. Sin embargo, los cogeneradores consideran que el precio debería oscilar entre $0,11 y $0,13 por kWh.
“En la medida en que haya tarifas, habrá participación o no del sector privado. Con estas tarifas nadie invierte”, aseveró Alvarado.
La tarea de establecer nueva metodología y tarifas le corresponde a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El otro tema pendiente es fijar un mecanismo para la selección de proyectos por parte del Instituto.
El representante de Acope explicó que antes el ICE escogía los proyectos por orden de presentación. Es decir, primero en tiempo, primero en derecho.
Sin embargo, el sistema fue descontinuado por orden de la Procuraduría General de la República.
“Ellos (ICE) crearon un reglamento, pero era como para no contratar a nadie, pues establecía una serie de limitaciones”, se quejó.
“El tema de generación eléctrica es prioritario para la institución (Aresep) y se está trabajando en eso”, aseguró Dennis Meléndez, regulador general de servicios públicos.
Meléndez explicó que en el pasado se dieron problemas de información para determinar la empresa modelo. No obstante, ahora ya cuentan con los datos para definir la metodología y seguir el proceso de discusión mediante audiencia pública.
De acuerdo con Gravin Mayorga, gerente de Electricidad del ICE, ya un grupo de proyectos, que suman 98 megavatios, tienen aprobado el trámite de elegibilidad. Adicionalmente, están en trámite otro grupo de iniciativas que suman 66 MW.
El 10 de noviembre, en una actividad realizada en el Incae, el presidente ejecutivo del ICE, Eduardo Doryan, comunicó al sector privado que el ICE está dispuesto a apoyarlos para que llenen la cuota de generación pendiente.
Doryan añadió que para inicios del 2011 espera contar con un mecanismo expedito que estimule y acelere la presentación de propuestas en este campo.
Al clamor del sector privado, también se unió el ministro de Ambiente y Energía, Teófilo de la Torre, quien se comprometió a hacer las gestiones ante el ICE y la Aresep para que se establezcan reglas claras y se actualicen las tarifas.
De la Torre consideró que este tipo de generación, limpia y más barata, le permitirá al Instituto Costarricense de Electricidad fortalecer su oferta energética hasta que se defina la apertura del mercado eléctrico.
Adicionalmente, el jerarca dijo que contribuirá para que el país se convierta en la primera nación carbono neutral para el año 2021.
El proyecto de Ley General de Electricidad apenas está en proceso de consultas y análisis en una comisión especial de la Asamblea Legislativa.
Dicha iniciativa procura crear un marco jurídico para la apertura del mercado eléctrico.
Una de sus propuestas es elevar de 30% a 35% (de la capacidad instalada) la participación de las firmas privadas.
