Informe Estado de la Nación alerta que equidad en tarifas para hogares más desposeídos permanece como una deuda en Costa Rica

Por: Juan Fernando Lara 27 diciembre, 2017

Las familias con ingresos más bajos del país se ven obligadas a gastar hasta 40% del dinero que perciben para acceder a servicios básicos; una situación que refleja una gran inequidad respecto a cómo se cobra el uso del agua, la luz, el transporte y las telecomunicaciones.

Así lo señala el informe Estado de la Nación 2017 del Programa Estado de la Nación (PEN), el cual alerta que conforme disminuye el ingreso en un hogar; más se compromete el acceso de que sus integrantes a servicios públicos que, en teoría, deberían tener tarifas de acceso universal.

Para el informe, no obstante, "es claro que existe desigualdad en el esfuerzo que realizan algunos hogares para acceder a servicios públicos".

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) del 2013, las familias ticas destinan 5,5% de su ingreso al pago de servicios públicos. Por zona y región, no obstante, hay diferencias que fluctúan entre 6,4% en zona rural y 6,9% y 7,5% en regiones Chorotega y Pacífico Central, respectivamente.

Cuando la información de la Enigh se ordena por quintiles de ingreso (de menor a mayor, según el ingreso per cápita del hogar), la iniquidad aumenta para los grupos más pobres.

Una vez más, indica el informe, las regiones Chorotega y Pacífico Central son las que registran los mayores porcentajes de gasto con valores por encima de 12% en el quintil más pobre.

El informe descubrió que en Costa Rica hay un conglomerado de población compuesto por 170.296 hogares (12% de hogares en el país) que perciben en promedio solo ¢320.000 al mes pero pagan unos ¢55.000 en servicios públicos mensuales (20,3% de su gasto total).

Esto contraste con el 6,7% y el 4,2% de otros dos conglomerados, cuyos ingresos son muy superiores, advierte el informe.

Si al gasto total en estos servicios se le adiciona 11% que representa el transporte, predominantemente público para el grupo de menores ingresos, y el 6,2% de los servicios de telecomunicaciones (como el teléfono celular), que ha crecido de manera exponencial en años recientes, se obtiene que el conglomerado de interés dedica alrededor de un 40% de su gasto a los tres rubros antes mencionados.

Para los otros dos grupos de hogares de mayores ingresos, la proporción se reduce a menos de la mitad (17% y 19,5% del gasto total).

Más equidad

Según la investigación, aunque la legislación costarricense no contiene barreras que impidan la incorporación del principio de equidad al fijar tarifas públicas, son escasos los ejemplos de mecanismos tarifarios que lo procuren.

Históricamente, asegura el texto, los criterios utilizados en este ámbito han sido de otra naturaleza, y predominan estructuras escalonadas que buscan racionalidad en el consumo, o subsidios cruzados a favor del sector domiciliario, tanto en agua como en electricidad.

Por años, el modelo tarifario más usado ha sido el de la tasa de retorno. Este reconoce al proveedor del servicio público regulado todos sus costos operativos, debidamente justificados, y una tasa de rentabilidad para fines de inversión.

Este modelo se aplica hoy a los principales servicios: acueductos, alcantarillado, energía (generación, transmisión y distribución), transporte público (autobuses y taxis) y estaciones de servicio de combustibles.

No obstante, apunte el Informe, los modelos tarifarios requieren aún requieren mejoras empezando por información de alta calidad y precisa sobre los servicios regulados. Además, falta también flexibilidad para incorporar mejoras tecnológicas en la prestación del servicio y en su fiscalización.

"Perfeccionar los instrumentos actuales obliga a profundizar en aspectos vinculados directamente con una mayor calidad y equidad en la provisión de los servicios públicos", sugiere la publicación.