EscucharLa concesionaria OAS, en principio comisionada para construir la nueva carretera a San Ramón, descartó ampliar el plazo concedido al Gobierno para que se concrete el finiquito acordado por $35 millones.
La firma brasileña indicó que la fecha límite pactada entre las dos partes fue el 15 de marzo próximo, y esa posición se mantendrá.
La constructora se vio obligada a negociar con el Ejecutivo su salida luego de que la presidenta Laura Chinchilla anunciara, el 22 de abril, la finalización del convenio por mutuo acuerdo. Ese proyecto, que tendría un costo de $524 millones, fue cuestionado por organizaciones de San Ramón, sindicatos y particulares, debido al alto monto de los peajes, lo que generó una serie de movimientos de protesta nacional.
La empresa mostró esa posición luego que hoy, a un mes de que se cumpla el plazo, el Gobierno no tiene claro si legalmente podrá cumplir con el pago de los $35 millones a OAS para cumplir con el finiquito.
Roberto Gallardo, ministro de Planificación y miembro del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), explicó que el Estado no puede pagar esos fondos debido a que el Tribunal Contencioso-Administrativo impuso una medida cautelar que les impide la cancelación del monto pactado.
La solicitud de medida cautelar fue planteada por el Foro de Occidente –integrado por vecinos de San Ramón– y acogida por el tribunal en diciembre anterior.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/WZRHTJR5XFBDFDXOV2U34K6PQI.jpg)
Vecinos de San Ramón se manifestaron, en diciembre anterior, contra el pago que tendría que hacer el Estado a OAS. (Archivo)
“Es una realidad ineludible; vamos a acatar lo que el juez ha dispuesto y lo que disponga de aquí en adelante. Ya todos hicimos el descargo contra la medida cautelar y estamos a la espera”, dijo el representante del CNC.
Gallardo agregó que en el Gobierno tienen incertidumbre por lo que resuelva el juez y espera que se pronuncie antes del 15 de marzo.
Ambas partes expusieron a los jueces las razones por las cuales se debe continuar con los pagos y están a la espera de una resolución.
En diciembre anterior, el Estado hizo un primer depósito por $6,5 millones a OAS.
Víctor Garita, abogado de la empresa, indicó que esa firma confía en que el tribunal respete el acuerdo al que habían llegado con el Gobierno, pues, de lo contrario, tomarían otras medidas legales para recuperar la inversión.
“Si no se concreta el pago, OAS quedará en libertad de presentar el arbitraje que considere oportuno para reclamar el pago pleno y total de las indemnizaciones a las que tiene derecho, incluyendo el lucro cesante”, expresó Garita.
El monto por un posible reclamo de lucro cesante por parte de la compañía brasileña al Estado costarricense, podría llegar a $502 millones, según el contrato.
