Del dinero recaudado por multas a conductores, ni un centavo se dirige al financiamiento de la Policía de Tránsito.
¿Por qué? Porque la ley de tránsito vigente no incluyó un porcentaje del pago de esas sanciones para dicho fin.
Germán Valverde, director ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), señaló que la legislación les impide cubrir con esos fondos parte de la planilla de los policías, comprar nuevo equipo o abrir más plazas.
El funcionario explicó que la normativa anterior habilitaba al Cosevi a destinar a la Dirección de Tránsito hasta un 40% de los ingresos por partes realizados.
Con base en el artículo 234 de la nueva Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, el 59% de cada boleta cancelada le corresponde al Fondo de Seguridad Vial, el cual destina esos recursos a campañas de prevención de accidentes.
Además, otro 23% va al Patronato Nacional de la Infancia (PANI); 5% a la Cruz Roja; 3% al Ministerio de Justicia y un 10% a programas de educación vial.
Mario Calderón, director de la Policía de Tránsito, resaltó el déficit de personal que sufre este cuerpo policial, con 763 oficiales divididos en tres turnos.
Un estudio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) determinó que la entidad necesita al menos 1.161 nuevos funcionarios para cubrir las carencias de recurso humano.
Calderón aseguró que más del 60% de los tráficos superan los 50 años y el próximo año se pensionarán 75, lo cual limita aún más el trabajo en carretera.
Sustituir a un oficial que se retira o renuncia toma más de nueve meses por todo el proceso administrativo.
Para remediar el faltante de agentes, el MOPT firmó un convenio con la Fuerza Pública para reforzar a la Policía de Tránsito con 1.000 efectivos de esa entidad del Ministerio de Seguridad.
No más plazas. Mario Avilés, oficial mayor del MOPT, aseguró que solicitaron 150 nuevas plazas de oficiales para el próximo año, pero no fueron aprobadas por el Ministerio de Hacienda.
“Esas plazas se incluyeron en el anteproyecto de presupuesto que se mandó al Ministerio de Hacienda y nos negaron las 150 (...). La justificación que se nos dio es que esto es un gasto. Claro que no compartimos ese criterio”, expresó Avilés.
Agregó que el faltante de policías en las carreteras se traduce en inseguridad en las calles y muertes por accidentes.
De acuerdo con datos del Cosevi, el año pasado se realizaron 373.000 multas de tránsito.
Del total de sanciones en ese periodo, 71.805 ya fueron pagadas, otras 82.709 están pendientes de pago a pesar de tener sentencia de condena y el resto está en proceso de apelación.
La Nación solicitó el monto total por las boletas canceladas, pero no fue suministrado.