EscucharLas municipalidades le exigen al Gobierno Central que les permita quemar los desechos sólidos con el objetivo no solo de disponer de esa basura, sino de aprovecharla para generar energía eléctrica.
La técnica de gasificación quedó prohibida a finales de junio debido a una moratoria impuesta tras alertas de los ministerio de Salud, y de Ambiente y Energía (Minae).
La paralización, por tiempo indefinido, responde a la falta de certeza técnica y científica sobre si esa tecnología no generaría algún riesgo de contaminación. En el país no existen ni reglamentos ni instrumentos para calcular posibles daños o controlar las emisiones.
El problema es que esa orden frenó proyectos que adelantaban varios municipios, que ahora reclaman que se derogue el impedimento y se les deje continuar con el proceso en tanto se definen las reglas.
Los gestores iniciales de este plan fueron, en 2012, la Federación Metropolitana de Municipalidades y el Instituto Costarricense de Electricidad. La iniciativa atrajo el interés de unas 50 firmas de 20 países.
Parada en seco. La Alcaldía de León Cortés es la que tiene mayores avances en esta área. De hecho, tenía previsto iniciar este mes la construcción de una planta en cerro Abejonal, que convertiría 45 toneladas diarias en un megavatio.
Leonardo Quesada, alcalde de ese cantón, resaltó que desde hace tres años comenzaron los trámites administrativos y calculó que estaban por terminarlos. Su meta era arrancar las operaciones en enero del próximo año.
También avanzaba a buen paso la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Guillermo Monge, encargado de Tarifas, dijo que están muy cerca de definir en cuánto se venderá el kilovatio producido mediante gasificación.
Para Gilberto Monge, alcalde de Mora, y Luis Barrantes, jerarca de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma), que agrupa a 11 municipios, la moratoria es “indignante” y refleja desconocimiento.
“El Gobierno comete un error (...). No puede decidir una moratoria aduciendo que no hay reglamentación en el país sobre una tecnología avalada en el mundo. Se están agotando todos los rellenos”, manifestó Barrantes.
Los dos reclamaron que la decisión del Poder Ejecutivo genera inseguridad jurídica y aleja inversiones en el sector empresarial.
Yanina Soto, jerarca del Instituto de Asesoría Municipal (IFAM), comprende la preocupación del Gobierno, pero al mismo tiempo estimó que debe “marcar la cancha”.
“Esperamos lineamientos que sean claros. La gente quisiera obligar al Gobierno a tomar decisiones irresponsablemente atropelladas, pero creo que hay que saber que esto no es cosa de juego”, declaró.
La ministra de Salud, María Elena López, recordó que la Comisión Interinstitucional de Emisiones e Inmisión, conformada vía decreto, está elaborando el reglamento y destacó que los expertos esperan tenerlo listo en “corto plazo”.
