Moratoria a plan de gasificación fue impuesta el pasado mes de junio por falta de estudios técnicos que garanticen que no hay daño ambiental

Por: Andrea González Mesén 16 septiembre, 2014
La planta separadora de residuos Recresco se ubica en Alajuela desde hace ocho años. Recibe una amplia gama de materiales, que se encarga de clasificar y embalar para su exportación, principalmente a China. Algunos residuos, como los electrónicos o fluorescentes, los entrega a otras empresas nacionales, que los tratan o exportan por su cuenta. | MARIO ROJAS
La planta separadora de residuos Recresco se ubica en Alajuela desde hace ocho años. Recibe una amplia gama de materiales, que se encarga de clasificar y embalar para su exportación, principalmente a China. Algunos residuos, como los electrónicos o fluorescentes, los entrega a otras empresas nacionales, que los tratan o exportan por su cuenta. | MARIO ROJAS

Una Asociación que reune a las autoridades de los 81 cantones del país recurrirá al Juzgado Contencioso Administrativo para reactivar sus iniciativas de generar electricidad gracias a la quema de basura.

Los Ayuntamientos, reunidos en la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) solicitarán una medida cautelar que invalide la moratoria a la técnica de gasificación que impuso el Gobierno desde el mes de junio.

El plan que pretende que cada municipio genere electricidad fue frenado por los Ministerios de Ambiente, Energía y Mares, y el Salud, ante la supuesta falta de un plan concreto y certeza técnica y científica de que no afectará el ambiente.

Gilberto Monge, vicepresidente de la ANAI, aseguró que el plan sí cuenta con estudios que contradicen los argumentos utilizados en la moratoria. Dichas investigaciones fueron entregadas a los ministerios, junto a una solicitud para darñe continuidad al proyecto a más tardar el pasado mes de agosto; no obstante, dice no haber tenido respuesta.

Ante el silencio de las entidades de Gobierno, ANAI anunció esta tarde, en conferencia de prensa, que recurrirán a la medida cautelar en el Contencioso.

"Lo cierto es que no tenemos respuesta concreta y por el contrario nuestra información sí es clara. Consideramos que el decreto tiene problemas de legalidad y constitucionalidad porque limita la libertad de comercio y tiene roces de la ley 7200, que le permite al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la compra de la energía".

"También choca con la ley general de residuos, que plantea a los ayuntamientos la búsqueda de nuevas soluciones ante el manejo de desechos", argumentó Monge, quien también es alcalde de la Municipalidad de Mora.

Además de la suspensión temporal de la moratoria, con la mediada cautelar las municipalidades pretenden dejar el decreto sin efecto definitivo.

"No tiene razón de ser. Sí se cuenta con estudios e informes que aclaran que el proceso de generación eléctrica no es contraproducente al ambiente. Contamina más un relleno sanitario por la emanación de gases o bien la generación eléctrica con combustibles y fósiles", comparó Monge.

Édgar Gutiérrez, ministro de Ambiente, había comentado a este medio en julio pasado que los estudios presentados sobre la descomposición de los sólidos no eran "realmente serios" y no reflejaban el grado de contaminación que podría generarse.

El proyecto pretende que el vapor de agua generado gracias a la quema de desechos impulse una turbina que a su vez producirá la energía.

Pese al bloqueo de los proyectos de gasificación, la municipalidad de León Cortés recibió la semana anterior la autorización de la Contraloría General de la República de contratar a una empresa privada que se encargue de los desechos del cantón y a la vez se responsabilice de la generación de la electricidad.