Los autobuseros, taxistas y usuarios dejarían de tener voz y voto en las decisiones que toma el Consejo de Transporte Público (CTP) si prospera una iniciativa del ministerio del ramo.
Es decir, los gremios ya no decidirán sobre la administración y el otorgamiento de rutas para buses a determinada empresa y la entrega de permisos para taxis, ni podrán influir en las sanciones a concesionarios que incumplan horarios o presten un mal servicio.
Así se establece en un proyecto de ley que alista el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para modificar la integración y el funcionamiento del CTP.
El objetivo del plan es agilizar la entidad y cambiar su composición, según explicó el ministro Carlos Segnini.
“Consideramos que el Consejo tiene que ser totalmente técnico (...). Creemos que no tiene que haber ninguna representación en las decisiones administrativas”, manifestó.
En opinión de Segnini, la propuesta legislativa se presentará al plenario a más tardar en julio. Hasta ahora, lo que hay es un borrador del proyecto, el cual tendrá que ser presentado y discutido en el Congreso.
De acuerdo con la ley de creación del CTP –la número 7.969 del 2000– la Junta Directiva del CTP debe tener representación de esos sectores y de los gobiernos locales.
Sin embargo, desde que entró en funcionamiento ha sido objeto de frecuentes polémicas y reclamos por supuestos conflictos de interés y deficiencias en su administración.
Por ejemplo, en el 2013 la Contraloría General de la República reveló que solo el 5% de los ¢3.190 millones destinados al presupuesto del 2012 fue empleado para mejoras en el sistema de transporte público.
El resto se diluyó en pagos de salarios (67,8%) y la contratación de servicios a terceros (34,1%).
Oposición. Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses, adelantó que rechazan la iniciativa.
“Me extraña por qué quieren eliminar las representaciones de los gremios si todos los representantes de los gremios que han pasado por el Consejo de Transporte Público, lamentablemente, no han sido representantes de los gremios, sino de los intereses del Gobierno”, aseguró Vargas.
El líder de los taxistas manifestó que, cuando llegue el momento, buscarán apoyo de “diputados amigos” para frenar el proyecto de ley.
Vargas no detalló los nombres de esos legisladores.
Maritza Hernández, presidenta de la Cámara Nacional de Transportistas, aseveró que no conoce formalmente la idea.
“Nos llama la atención que se restrinja la participación ciudadana (...); esto hay que llevarlo a la Junta Directiva”, dijo.
Alfredo Villalobos, de la Cámara Nacional de Autobuseros, también expresó que es temprano para tener una posición, pues no conoce la propuesta.
Negocio. Según información de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), cada día, dos millones de personas viajan en autobús a sus trabajos o centros de estudio.
Esa entidad calcula que el negocio autobusero mueve ¢358.000 millones al año. En el país hay 480 empresas dedicadas a esta actividad, con una flotilla de 4.630 unidades.
En promedio, cada vehículo tiene una antigüedad de 8,3 años.
No obstante, en febrero pasado, la Aresep y el CTP reconocieron que estos datos no son del todo confiables , pues se obtienen a partir de reportes generados por cada empresa autobusera sin controles en el campo.
La falta de información exacta impide a la Aresep fijar tarifas estrictamente apegadas a la demanda.