MOPT contratará a la CCSS para que siga haciendo alcoholemias a conductores

Desde mayo pasado, la Caja le había dado una nueva prórroga al MOPT para que firmara un contrato con un tercero para aplicar esas pruebas o bien, para adquirir los equipos móviles necesarios para realizar las alcoholemias. Sin embargo, esa prórroga se vence este viernes y el Ministerio no logró cumplir con ninguna de las dos posiblidades.

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Así las cosas, el viceministro de Transportes, Sebastian Urbina, indicó que en los próximos días se pagará a la Caja lo adeudado por las pruebas realizadas y se está trabajando con esa entidad para firmar un contrato para la realización de los exámenes. Mientras tanto, la entidad de salud seguirá haciendo dichas pruebas.

Urbina explicó que la semana anterior se publicó un decreto ejecutivo para dar contenido presupuestario a la partida con la que el MOPT cancelará a la CCSS por dichos servicios. Cada alcoholemia cuesta ¢36.000 pero no trascendió cuántas pruebas ha realizado la institución y cuánto dinero le adeuda el MOPT por ellas.

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La realización de estas pruebas está establecida en el artículo 208 la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, aprobada en octubre del 2012.

La norma señala que "las autoridades de tránsito, en ejercicio de sus competencias, podrán someter al procedimiento de pruebas bioanalíticas de sangre y aliento a los conductores, con el fin de determinar si se encuentran o no bajo los efectos del licor o drogas ilícitas o sustancias psicoactivas no autorizadas (…)".

La ley le daba al MOPT un plazo de 18 meses, tras su publicación, para poner en marcha los laboratorios móviles para la toma de muestras y pruebas confirmatorias y dispusiera del personal capacitado. Ese plazo venció desde abril del 2014 y desde entonces el MOPT había venido pidiendo prórrogas a la CCSS para que la institución continuara haciendo los procedimientos.

Según el viceministro de Transportes, desde mayo anterior se presentó ante la Asamblea Legislativa una reforma a varios artículos de la Ley de Tránsito. Uno de los cambios implica que, en caso de que la prueba de alcohol sea positiva, se haga un segundo examen de contraste.