San José.
La mitad de los empresarios de autobuses podrían quedarse sin aumentar las tarifas de las rutas que operan debido a incumplimientos en requisitos.
Según la resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) RIT-023-2017, publicada el 20 de abril en el diario oficial La Gaceta, se trata de un alza de 4,85% para 3.560 tarifas. Ese porcentaje implica incrementos de entre ¢5 y ¢380.
A este momento, sin embargo, 288 empresas no están en posibilidades de aplicar los aumentos en 1.490 tarifas (una sola empresa puede tener varias tarifas por las rutas que opera), porque no cumplen con alguno de nueve obligaciones.
Estos requisitos incluyen falta de estados financieros actualizados, reporte de quejas y denuncias del segundo semestre del 2016, pago del canon de Aresep o informe de sus estadísticas de operación del 2016.
Los autobuseros en esta situación tiene plazo hasta el 20 de mayo para ponerse al día con la Aresep o perderán el derecho al alza extaordinaria.
Desde el jueves pasado, 1.329 tarifas aumentaron de ¢5 y ¢30 mientras 460 tarifas subieron entre ¢35 y ¢70. Otros 192 pasajes tienen entre ¢75 y ¢150 más y, finalmente, 89 cuestan entre ¢155 y ¢380 más.
Empresarios en deuda. La 3.560 tarifas de autobús vigentes se distribuyen entre 564 empresas autorizadas. Al considerar el nivel de incumplimiento de estas, solo 276 (49%) obtuvo permiso de aplicar el aumento.
Del 51% que debe algún requisito, la mayoría (119) adeuda la actualización de estados financieros. También tienen pendientes requisitos operativos como descubrió un análisis de datos a partir del último reporte Estado de Cumplimiento: Situación de los Prestadores del Transporte Remunerado de Personas Modalidad Auobús.
El incremento autorizado responde a la aplicación de la metodología extraordinaria, en vigencia desde 2012. Mediante esa fórmula, Aresep traslada a los usuarios de autobús cada semestre las variaciones por aumentos salariales y el costo de insumos como llantas, lubricantes y combustibles.
Según la Intendencia de Transportes de la Aresep, la principal razón del ajuste es un aumento promedio de 16% en el precio de los combustibles, en los últimos seis meses. También influyó un repunte de 8% en los gastos para insumos de mantenimiento de los autobuses y otros gastos administrativos.
Contra el castigo
Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transporte (Canatrans), se declaró en contra del procedimiento para excluir las tarifas del aumento.
La funcionaria recordó que el objetivo de la fijación extraordinaria es reconocerle oportunamente a los empresarios los cambios en los precios de costos fijos debido a factores externos a la administración del servicio.
Esto, agregó, busca propiciar condiciones necesarias para la sostenibilidad financiera de la empresa y por ende, la continuidad del servicio de transporte público en modalidad autobús.
Para ella, ese reconocimiento tarifario debe realizarse de acuerdo con límites establecidos por el principio de servicio al costo que señala la ley de la Aresep (Ley 7969) a todas las rutas con título habilitante vigente para prestar el servicio. Ese, recalcó Bolaños, es el único requisito que deben cumplir por parte de los operadores.
La representante reconoció, sin embargo, mediante aviso publicado en la prensa con posterioridad a la audiencia pública sobre este aumento, la Intendencia de Transportes de la Aresep comunicó a los prestadores del servicio que para el ajuste tarifario debían estar al día con los requisitos de operación. No obstante, señala, no deberían considerarse para la fijación tarifaria.
"Consideramos que si bien es cierto (los requisitos administrativos) son obligaciones con que debe cumplir el operador, la ley de la Aresep le da a esta herramientas para fiscalizar su cumplimiento en cualquier momento; pero no así en la gestión tarifaria; no solo porque así lo indica el propio modelo de ajuste extraordinario, sino porque desnaturaliza la fijación al dejar sin recursos al operador", enfatizó.