El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) desconoce “la cantidad, extensión y valor de una serie de propiedades que deben ser incluidas en el patrimonio natural del Estado”.
En esa lista se incluyen bosques, terrenos forestales de reservas naturales, áreas declaradas inalienables y los humedales, entre otros.
El fallo en el inventario viene señalado en un informe de la Contraloría General de la República divulgado ayer.
Aunque la investigación resume datos hasta diciembre del 2011, el ministro de Ambiente, René Castro, confirma que la situación es la misma en la actualidad.
La falta de planos catastrados es uno de los principales problemas del Minae para poder traspasar los terrenos a su nombre.
El jerarca acepta que el trámite es lento y caro. El Minae no tiene presupuesto para levantar planos catastrados y solo tiene un topógrafo para todo el país.
René Castro reafirma datos divulgados en el informe, entre ellos, que los principales problemas con el traspaso de propiedades a nombre del Estado se presenta cuando hay bosques en la zona marítimo-terrestre (ZMT).
Allí, la entidad responsable es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), “que ha venido trabajando en la clasificación de los terrenos”, pero solo en la costa del Pacífico.
En cambio, en el Caribe no hay avances, porque la zona carece de amojonamiento, “lo cual ha sido difícil debido a los efectos causados por el terremoto de Limón”.
Además, como no hay certificación de las propiedades que califican como patrimonio natural, tampoco se conoce la cantidad y extensión de los terrenos que podrían engrosar la lista del Estado.
Como curiosidad, entre los terrenos que no están inscritos a nombre del Estado se encuentra la Isla del Coco, patrimonio natural de la humanidad.
Según René Castro, antes no se exigía que se inscribieran las islas. La orden la giró el Ministerio de Hacienda en el 2009.
Desde entonces, el Sinac reportó la existencia de 225 islas, con 616 kilómetros cuadrados. Aquí de nuevo faltan los levantamientos topográficos previos, que no se han realizado por falta de presupuesto.
Por último, el ente contralor encontró errores en el cálculo de revaluación de algunos de los terrenos.
La Contraloría concedió dos meses de plazo para identificar los terrenos que no están incluidos en el patrimonio natural.
Según Castro, en ese periodo podrán avanzar, pero pidió “comprensión” pues se trata de un proceso de “enorme magnitud y costo económico que no ha sido fácil de sufragar para el Poder Ejecutivo”.