Más de la mitad de la planilla del INS se incapacitó en el 2012

En números absolutos, lo anterior se entiende así: de los 2.198 empleados del INS, 1.209 se incapacitaron en algún momento del año pasado.

A esos funcionarios la Caja les dio 2.986 boletas de incapacidad; 1.717 de ellas (el 57%) fueron para mujeres, mientras que las restantes 1.269 para hombres.

Entre todos, gozaron de 14.731 días de licencia, lo que le costó a la Caja el pago de ¢388 millones.

Ese monto representa solo el 60% del salario de esos trabajadores; el otro 40% lo paga el INS.

Cada trabajador incapacitado recibió, en promedio, 2,4 boletas para ausentarse de su puesto.

Esos datos están consolidados y forman parte de un reciente análisis que hizo la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La Nación obtuvo una copia de dicha información.

Para el estudio se creó un listado de los 20 patronos a los que más se les incapacita personal entre un total de 54.546 empleadores.

Al INS le sigue la Municipalidad de San José, a la cual se le enfermó el 50% de su planilla –1.800 de 3.061 colaboradores–.

En tercer lugar estála propia Caja, pues de sus 50.177 funcionarios, el 44% (22.580) padeció de algún mal durante el 2012 y fue enviado a su casa.

Los siguientes 17 puestos de ese ‘top 20’ lo conforman entes como el Banco de Costa Rica (41%), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 35%), la Refinadora Costarricense de Petróleo (35%) y el Ministerio de Salud y la Corte Suprema de Justicia, cada uno con el 33% de su planilla incapacitada durante el 2012.

De esos 20 primeros puestos, 18 son entidades públicas y prácticamente todas pagan el 100% de la incapacidad a sus empleados, algo que no ocurre en el sector privado.

Las dos únicas firmas privadas en esa lista de 20 son la transnacional Hewlett Packard (lugar 18) con el 21% de su planilla incapacitada, al menos, un día el año pasado, y la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, que está en el puesto 20, con el 12% de sus trabajadores con licencia.

Esta información se publica un día después de que este diario informara sobre 400 funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) que llevan incapacitados seis años y le han costado a la Caja casi ¢9.500 millones . Estos trabajadores han gozado de 873.521 días de licencia, sin contar el costo para el MEP de su reemplazo.

Reconocen problema. La situación del INS no es desconocida para sus autoridades.

Alejandro Alpírez, jefe de Desarrollo Humano, admitió que desde hace nueve meses se está realizando un análisis junto con el Consultorio Médico y la Unidad de Salud Ocupacional para identificar la mayoría de patologías que afectan a su población laboral. El objetivo, dijo Alpírez, es establecer acciones preventivas.

Según explicó, se están analizando 11 casos de incapacidades prolongadas –que superan el año–. Seis de esas, dijo, corresponden a embarazos de alto riesgo; las restantes cinco a personas incapacitadas por enfermedad.

Al igual que otros entes públicos, el INS cancela hasta el 100% del salario en caso de una incapacidad, de acuerdo con el artículo 139 de su convención colectiva.

Según ese artículo, quienes tengan menos de un año de antiguedad en la institución, recibirán un 95% durante los tres primeros días de permiso. A partir del cuarto día, se les gira el pago del sueldo completo por tres meses en caso de enfermedad.

A los que tienen más de un año, agrega el artículo 139, se les dará un 95% del salario los tres primeros días de licencia. A partir del cuarto día, se gira el pago del salario completo en caso de enfermedad, por cada año adicional de servicio o fracción de año, con un mínimo de seis meses y un máximo de 24 meses de sueldo.

Alpírez recalcó que, aunque la Caja desembolsó al INS más de ¢300 millones en pago de incapacidades, el Instituto pagó ¢12.800 millones en cuotas obrero-patronales.