Luis Guillermo Solís regaña a regulador Dennis Meléndez por queja de dos ciudadanas

La sanción se dictó porque el jerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no resolvió un recurso de queja planteado por las hermanas empresarias Ana Esther y Zaira Solís.

Ellas son las propietarias de la estación de Servicio San Bosco, ubicada en San Marcos de Tarrazú, San José, y reclamaron por la tardanza de la entidad en resolver un procedimiento que se le seguía a su empresa Basadía S. A.

“Este despacho se encuentra obligado a hacerle una llamada de atención al señor regulador general por la tardanza en atender un recurso de queja interpuesto por el representante legal de la empresa Basadía S. A.”, dice el oficio DP-R-002-2014.

Meléndez confirmó haber recibido la llamada de atención y aseguró que el caso quedó atendido con una orden suya de iniciar un procedimiento de investigación preliminar para determinar si hubo un retraso injustificado en la atención del proceso.

La misma resolución del mandatario le advierte al jerarca de la Aresep de que podría tomar sanciones mayores si una situación similar se repite.

“La presente llamada de atención obliga también a prevenirle al señor regulador general que, de repetirse este comportamiento, este despacho se vería obligado a aplicar una sanción más severa”, agrega el documento firmado por Solís.

Esta misma semana trascendió que Meléndez recibió un aumento salarial de poco más de ¢1 millón mensual, retroactivo a enero. Su sueldo llegó así a ¢7,1 millones.

El caso. El recurso de queja ante el presidente está regulado por el artículo 360 de la Ley General de Administración Pública.

“Si la queja no fuere resuelta en el plazo señalado, el interesado podrá reproducirla ante la Presidencia de la República”, dice la norma.

Enrique Rojas Franco, apoderado de las empresarias, explicó que el caso comenzó cuando la Autoridad Reguladora le abrió una investigación a la empresa de sus representadas por una falta en la calidad del diésel que vendían.

Según Rojas, el problema fue subsanado, pero Aresep rechazó archivar el caso y, por el contrario, ordenó reanudar la investigación.

Por esta razón, en enero, las afectadas presentaron documentos para probar las correcciones, pero la orden de la entidad fue retrotraer el proceso.

Al considerar que ya habían pasado tres años y medio desde el inicio del procedimiento, Rojas presentó un recurso de queja ante la Aresep, pero, 15 días después, no había sido respondido. Esto los habilitó para acudir al presidente.