Por: Juan Fernando Lara 21 noviembre, 2016

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) solicitó ser coadyudante de dos exdirectivos suyos que interpusieron una medida cautelar en la vía contenciosa administrativa para la cual tiene suspendida una sanción ordenada por la Contraloría General de la República (CGR) contra los exempleados.

En octubre del 2015, la Contraloría ordenó sancionar con tres años de prohibición para ocupar cargos públicos a Alejandro Soto Zúñiga y Martín Vindas, ambos exgerentes del ICE y a Claudio Bermúdez, exgerente de telecomunicaciones de esa entidad.

El castigo fue por no atender la orden de la CGR en 2012 de someter a refrendo el contrato de fideicomiso Range (Red de Acceso de Nueva Generación) para proveer servicios de Internet de fibra óptica.

Luego, conforme se ejecutó el fideicomiso sin el visto bueno del ente contralor según el criterio legal del Instituto, la empresa Consultores en Infraestructura GIP Ltda. -fundada por la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano, recibió del Instituto $275 mil como pago por administrar una unidad ejecutora de ese fideicomiso Range.

Según el expediente del caso 16-6691-1027-CA, el 28 de setiembre pasado Jaime Palermo Quesada, gerente de telecomunicaciones del ICE y su apoderado generalísimo de la entidad, solicitó que esta actuara como coadyudante de Soto y Bermúdez.

Entre los argumentos de Palermo, el ICE tiene un interés indirecto en el caso porque supuestamente las decisiones tomadas por estos exdirectivos se apegaron a la legalidad.

Afirma el expediente que, según Palermo, desde la apertura del procedimiento contra ambos el ICE solicitó a la CGR ser parte en el proceso pero “no solo le fue negada dicha participación, sino que finalmente el órgano contralor determinó sancionarles”, indica el texto.

Según el directivo, con dicha sanción “se pone en tela de duda la legalidad de las actuaciones del ICE como corporación, con el consiguiente perjuicio a su imagen”.