Por: Juan Fernando Lara 5 junio
Ell ICE realizó obras preparatorias para El Diquís, en Buenos Aires, Puntarenas. | ABELARDO FONSECA/ARCHIVO
Ell ICE realizó obras preparatorias para El Diquís, en Buenos Aires, Puntarenas. | ABELARDO FONSECA/ARCHIVO

Cumplidos seis años de parálisis del proyecto hidroeléctrico El Diquís, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) insiste en la necesidad de la planta de 650 megavatios (MW) la cual abriría en el año 2024.

Construirla, sin embargo, parece una meta distante pues primero se requiere permiso de pueblos indígenas en el área de influencia de la obra mediante un mecanismo de consulta que está en elaboración.

Pese a todo, el ICE declara “esencial” la inversión prevista en Buenos Aires de Puntarenas; como expresó Javier Orozco, director de Planificación y Desarrollo Eléctrico del Instituto.

El ingeniero justifica la obra al considerar que significará un polo de desarrollo en una zona económicamente deprimida.

Además, dijo Orozco, representa una fuente de energía para atender el aumento de la demanda en el país, y, sobre todo, porque proveería servicios de regulación y almacenamiento de energía “necesarios para integrar masivamente fuentes eólicas y solares”.

“Un sistema basado en fuentes renovables –como el local– requiere almacenamiento capaz de sostener una potencia de respaldo por lapsos prolongados. Esta función solo la pueden dar de forma económica los embalses hidroeléctricos”, señaló.

Según Orozco, el cambio climático afectará tanto a la producción hidroeléctrica como otras actividades: desde el agua para consumo humano, como para el riego agrícola.

Ante ese panorama, opinó, la mejor manera de mitigar los impactos del cambio climático es guardar agua en embalses.

“Cuando el país cuente con un embalse como el que proporcionará El Diquís, fácilmente podrá agregarle nuevas funciones, según se agraven los efectos del cambio climático y aparezcan necesidades”, aseguró.

Los embalses multipropósito, afirma, disminuyen la vulnerabilidad y puso de ejemplos el de Río Macho (en Orosi de Cartago), el cual suple gran parte del agua de consumo humano del Valle Central y el de Arenal (entre San Carlos y Tilarán), que alimenta el mayor distrito de riego del país en Guanacaste y, en unos años según afirmó, proveerá de agua a esa provincia.

Orozco advirtió de que escenarios alternativos sin incluir la hidroeléctrica El Diquís requerirían mayor participación de generación térmica (a base de hidrocarburos) que habría de complementarse con una mezcla de fuentes renovables.

La matriz de generación descansa 99% en fuentes limpias (1% es con hidrocarburos). Del total, la producción hídrica representa el 69% .

Édgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, ha criticado la alta dependencia del país a sus plantas hidroeléctricas debido a los cambiantes patrones de la lluvias resultantes del cambio climático.

Si bien justifica la necesidad de los embalses de generación; también destaca la importancia de mayor diversidad de fuentes. La producción eólica, por ejemplo, solo representa 16% en la matriz de generación local y la solar 0,02%, revela el Centro Nacional de Control de Energía (Cence) del ICE.

En el caso de El Diquís, para iniciar obras, primero se debe consultar a los pueblos indígenas de la zona como ya lo ha recomendado la Defensoría de los Habitantes desde 1996, pues el proyecto impactaría zonas habitadas por estas comunidades.

La consulta es obligatoria porque la planta requiere utilizar territorios indígenas protegidos por ley y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El embalse de El Diquís anegaría 10% del territorio China Kichá (104 hectáreas) y 8% de tierras térrabas (726 hectáreas) según la Defensoría.

La petitoria permitiría completar el estudio de impacto ambiental que habría de someterse a revisión ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Para ello, no obstante, no hay fechas estimadas siquiera.

Apenas en mayo, delegados de las comunidades autóctonas del país hicieron observaciones al mecanismo que el Gobierno les propuso para consultar a los pueblos indígenas, cuando algún proyecto o política afecte sus recursos naturales, límites territoriales, viviendas u otro derecho cultural o humano.

El proyecto, por otra parte, tampoco convence a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa que así se lo expresaron el 6 de abril anterior al presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón.

Los diputados convocaron a Obregón para expresarle sus inquietudes y reclamos por el impacto de la inversiones del Instituto en la tarifas de electricidad.

Los congresistas se quejaron de forma unámine como, por aspectos como que El Diquís pasó de un costo inicial de $1.402 millones en el 2007 a uno de $3.646 millones al 2014.