Diligencia se realizó para ver condiciones en que 22 compañías recibieron las placas

 22 julio, 2014

La Fiscalía investiga en qué condiciones se otorgaron los permisos a 22 empresas dedicadas al Servicio Especial Estable (SEE Taxi).

El secuestro de expedientes, en la sede del Consejo de Transporte Público (CTP), lo efectuaron el viernes pasado agentes de la Unidad de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por orden de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Ese mandato fue emitido desde febrero anterior, pero la diligencia judicial se realizó luego de recientes publicaciones de La Nación sobre la concentración de 1.680 permisos en siete empresas.

Desde el 2011, cuando fue aprobada la Ley N.° 8.955 que creó esa modalidad de transporte que eliminó la figura del porteo, el CTP ha adjudicado en total 3.072 códigos.

Colaboración. La investigación de la Fiscalía se tramita por el supuesto delito de prevaricato, con el expediente 12-000121-621-PE, según el director del Consejo, Mario Zárate.

“El secuestro de los documentos no implica necesariamente que se haya cometido el delito, sino que la Fiscalía, en esta etapa de la investigación, va a determinar si se cometió o no”, declaró Zárate.

El jerarca del CTP, órgano encargado de tramitar los permisos, dijo que entregó datos a las autoridades y lo seguirá haciendo para lograr un resultado transparente.

Con él coincidió el viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, quien aseguró que esa cartera ya inició su propia investigación para definir si hubo anomalías en los procesos de tres años atrás.

“Nos preocupa mucho esta concentración en la emisión de los permisos; estamos colaborando con el proceso del OIJ y con el que abrió el Ministerio de Trabajo”, manifestó.

Dudas. Una de las compañías involucradas en la pesquisa de la Fiscalía es la Unión Nacional de Porteadores S. A. (Unaporte), la cual tiene bajo su control la mayor cantidad de permisos: 772.

Esa empresa fue constituida en el 2004 por el ahora diputado José Alberto Alfaro, del Movimiento Libertario. Desde marzo, esa sociedad es presidida por su esposa y también asesora en el Congreso, María Lorena Cordero.

El jueves pasado La Nación publicó que uno de los prestatarios del SEE Taxi fue despedido tras revelar que Unaporte le cobró ¢1 millón por afiliación o “franquicia”.

Eso impulsó a la cartera de Trabajo a investigar ese y otros casos, con tal de esclarecer las relaciones empresa-empleado.

En esa ocasión se intentó hablar con el diputado Alfaro, sin éxito. A pesar de nuevos intentos, ayer tampoco fue posible localizarlo.

German Lobo, vocero de los transportistas de SEE Taxi, declaró que aunque desconocía de las intenciones de la Fiscalía, le parece “maravilloso, muy bien” que se investigue placa por placa, para que “de una vez por todas se acaben tantas especulaciones con el tema”.