Sector alega que Ejecutivo no debe decirle a la Sutel qué hacer y cómo hacerlo

Por: Mercedes Agüero 14 mayo, 2013
 El ICE ya ha dotado de Internet al 97% de los centros educativos del país, según el Micitt. | GARRET BRITTON/ ARCHIVO.
El ICE ya ha dotado de Internet al 97% de los centros educativos del país, según el Micitt. | GARRET BRITTON/ ARCHIVO.

Empresarios de telecomunicaciones hicieron público su desacuerdo con el mandato del Gobierno, para que el ICE, utilizando recursos de Fonatel, lleve Internet de banda ancha a todos los centros educativos del país.

En su criterio, esto representa una injerencia del Ejecutivo en competencias propias del ente regulador que “pondría en riesgo el principio de imparcialidad e independencia regulatoria”.

El sector se pronunció ayer mediante un campo pagado emitido por la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), que reúne a unas 60 compañías.

La Cámara advierte, además, de un posible retroceso en la apertura del mercado de las telecomunicaciones y, eventualmente, de un uso ineficiente de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

Por tales razones, instaron al Poder Ejecutivo para que derogue el mencionado decreto ejecutivo.

“Lamentablemente, nosotros no vemos viable que, mediante un decreto, el Poder Ejecutivo le diga a la Sutel qué hacer y cómo debe hacerse (...). ¿Dónde dice la Ley General de Telecomunicaciones que el Poder Ejecutivo le puede imponer una directriz con esa característica a la Superintendencia? No la hay”, cuestionó Fabio Masís, director ejecutivo de Infocom.

El personero dijo que están preocupados ante la eventualidad de que se abra “una puerta de trato discriminatorio”. Por lo que sí abogan los empresarios es por que se ejecuten pronto los proyectos con cargo a ese fondo, que ya acumula $205 millones.

La vía alterna del Gobierno consiste en definir las obligaciones al título habilitante del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), un mecanismo incluido en la ley.

Alejandro Cruz, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, replicó que el decreto lo que le solicita a la Superintendencia es determinar la eventual imposición al ICE de obligaciones.

Argumentó que hacer este proyecto con el ICE podría facilitar su ejecución, pues esa entidad y el Ministerio de Educación Pública (MEP) tienen un convenio desde el 2004, con el que han llegado a dotar de Internet a 4.800 centros educativos (97% del total nacional).

Además, el ICE cuenta con red de fibra óptica en más del 85% del territorio nacional y, con esa presencia, se facilitaría la ejecución y mantenimiento del proyecto.