Un empresario de apellido Irías reclama ¢1.000 millones por los supuestos daños que sufrió su propiedad, en Balsa de Atenas, Alajuela, tras la construcción de la carretera San José - Caldera.
En el juicio, que se inició ayer en el Tribunal Contencioso-Administrativo, figuran como demandadas la empresa Autopistas del Sol (concesionaria de la vía), la Constructora San José-Caldera y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
El afectado José Martín Irías Hernández alega que durante la construcción de la carretera, hubo un derrumbe que afectó una propiedad familiar en el cerro Pan de Azúcar de Atenas, entre los kilómetros 33 y 34 de la vía.
La finca está a nombre de la constructora Guter Martini, S. A.
Según el abogado de los quejosos, Gerardo Vargas, la carretera está a más de 100 metros de la propiedad, pero “la corona del derrumbe” está a 12 y 20 metros, respectivamente, de las dos casas afectadas.
El reclamo de ¢1.000 millones incluye el daño material y moral causado, aseveró Vargas.
Además de los supuestos perjuicios a esa propiedad, el abogado también reclamó la afectación a un acuífero cercano.
Por esto último, el demandante exigió ayer la reparación del daño ambiental.
Reclamo. Los abogados de Autopistas del Sol y de la Constructora San José - Caldera alegaron, sin embargo, que esa pretensión debía ser rechazada.
“En este momento procesal es un poco extemporáneo, realmente en el expediente, en el legajo de la demanda, el actor no hace una manifestación clara sobre cuál es el daño ambiental. Si lo hubiera hecho, perfectamente hubiera hecho la pretensión a su debido tiempo”, alegó el abogado Luis Sibaja, representante de Autopistas del Sol.
A pesar del reclamo, el tribunal de juicio, integrado por José Paulino Hernández, Cynthia Abarca y Roberto Garita, resolvió acoger la pretensión.
Por esa razón, los jueces suspendieron el juicio y les dieron a los demandados dos días para presentar sus argumentos de defensa sobre el tema ambiental.
Antes, los abogados de Autopistas del Sol y Constructora San José - Caldera intentaron frenar el avance del juicio, al alegar que no tenían a la mano el expediente administrativo de la carretera, pues este fue decomisado por el Ministerio Público desde abril del 2011.
Este argumento fue rechazado por el Tribunal, al considerar que la demanda se presentó en junio del 2010, mucho antes del comiso del expediente administrativo.
Aunque también el Estado aparece como demandado en el caso, la abogada de la Procuraduría, Georgina Chaves, no respaldó la estrategia. Por el contrario, la consideró como una táctica “dilatoria”.
Debido a compromisos de los abogados de las partes, el juicio se reanudará el 12 de diciembre.