Consorcio español costarricense reclama indemnización por más de $500.000

Por: Mercedes Agüero, Hassel Fallas 11 junio, 2014

La empresa consultora Wasser SAE-Hidrogeotecnia Ltda.-Setecoop demandó a Acueductos y Alcantarillados (AyA) por la fallida contratación de una consultoría para elaborar un plan maestro sobre el manejo del recurso hídrico.

El consorcio, de capital español y costarricense, reclama un daño financiero por más de $500.000, debido a los gastos en que incurrió durante la licitación (2008-2011).

La demanda también cobija a Contraloría General de la República por avalar la decisión de la Junta Directiva del AyA de declarar desierta la contratación.

Roberto Quirós, representante legal de la empresa Wasser SAE - Hidrogeotecnia Ltda-.Setecoop, comentó que la Contraloría fue incluida a petición del AyA.

La División Jurídica del ente contralor informó de que está a la espera de la sentencia.

El abogado Rodrigo Rodríguez (al fondo) representó al AyA en el juicio celebrado, la semana anterior, en el Tribunal Contencioso. | ALBERT MARÍN
El abogado Rodrigo Rodríguez (al fondo) representó al AyA en el juicio celebrado, la semana anterior, en el Tribunal Contencioso. | ALBERT MARÍN

El proceso judicial se ventiló, la semana pasada, en el Tribunal Contencioso-Administrativo.

Quirós dijo que la licitación se declaró desierta “alegando motivos falsos, lo cual crea una inseguridad jurídica respecto del régimen de licitaciones en Costa Rica”.

El exjerarca del AyA en la anterior administración, Óscar Núñez, fue quien propuso a la Junta Directiva archivar la licitación. Núñez manifestó que los técnicos del AyA recomendaron no realizar los estudios, porque ya la entidad había definido cómo hacer las inversiones.

Ricardo Sancho, quien se desempeñó como presidente de AyA en el periodo 2006-2010, lamentó la decisión de declarar desierta la licitación, pues él impulsó la contratación del plan maestro hídrico.

El director jurídico de Acueductos y Alcantarillados, Rodolfo Lizano, calificó como de “poco usual” la demanda contra una institución pública por una empresa que presentó una oferta y no fue la ganadora del concurso.

“Ellos pretendían que el Instituto no solo continuara con el proceso, sino que también les adjudicara la licitación”, aseguró Lizano.

El consorcio, dijo Quirós, solicitó al Tribunal que instruya el proceso ante la Fiscalía Penal, para que determine las eventuales responsabilidades civiles y penales de los funcionarios involucrados en el trámite de la licitación.

La firma demandante había resultado adjudicada, en el 2010, para hacer el plan maestro.

Sin embargo, ante la apelación de un competidor, la Contraloría ordenó al AyA hacer un nuevo estudio de las ofertas presentadas.

El Instituto readjudicó el contrato a una firma japonesa, lo que motivó una nueva apelación del consorcio español. Ante esta última diligencia, el ente contralor se pronunció, parcialmente, a su favor y pidió al AyA revisar de nuevo los términos de la adjudicación.

Finalmente, la entidad declinó hacer las correcciones y, en su lugar, la Junta Directiva de AyA acordó declarar desierta la licitación.