Aresep definió que contendores deberán acordar quién dará servicio a consorcio

Por: Mercedes Agüero 21 mayo, 2013
 En este sitio se desarrollará el proyecto inmobiliario, centro de disputa entre la ESPH y la CNFL. | ARCHIVO
En este sitio se desarrollará el proyecto inmobiliario, centro de disputa entre la ESPH y la CNFL. | ARCHIVO

La disputa que libran desde hace unos meses dos distribuidoras eléctricas por un megacliente en Belén, terminará en los tribunales.

Así lo anunció la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) tras conocer el criterio de la Aresep ante una denuncia planteada por su contendor, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

El ente regulador determinó que para que la ESPH pueda conectar al nuevo usuario deberá, primero, llegar a un acuerdo con la CNFL que le autorice operar ahí.

Además, requerirá una autorización por mayoría absoluta del Concejo Municipal de Belén.

El ente regulador determinó que en Costa Rica el cliente no tiene derecho a escoger a su distribuidor eléctrico pues por ley cada empresa tiene un área concesionada.

La Autoridad Reguladora, además, rechazó una medida cautelar solicitada por la CNFL para que se le impidiera a la empresa herediana continuar con el tendido de cableado subterráneo en la zona.

Allan Benavides, gerente general de la ESPH, dijo que ayer presentaron un recurso de revocatoria y apelación ante el ente regulador.

Además, prepara la demanda que interpondrá ante el Tribunal Contencioso-Administrativo.

Por su lado, Rocío Pérez, vocera de prensa de la Compañía, manifestó que están satisfechos con la resolución pues ratificó los argumentos que han venido sosteniendo.

“Es claro que hay una territorialidad que se debe respetar y una normativa al respecto. Esperamos que no tengamos que recurrir de nuevo a estas instancias para hacer valer nuestro desempeño”, dijo.

Perjudicados. Al otro lado de la acera, Benavides considera que la resolución desconoce el derecho que la empresa tiene, por concesión, a dar servicio en Heredia.

Explicó que el órgano regulador les pide una autorización municipal, pero los gobiernos locales no tienen ninguna injerencia en la prestación del servicio eléctrico.

La ESPH alega que el fallo de la Aresep “crea una jurisprudencia genérica que inhibe en el área de servicios públicos el principio de ‘libre competencia’ cuando se presentan oportunidades de elección, en perjuicio de los consumidores”.

El centro del diferendo entre las distribuidoras es el proyecto inmobiliario Centro Corporativo Belén, el cual demandará una capacidad de 7 megavatios. Esto representará para el operador eléctrico un ingreso de unos ¢200 millones al mes.

De por medio están las tarifas pues, según la ESPH, el megaconsumidor les pidió el servicio porque ellos ofrecen las tarifas más bajas.

No obstante, en ese lugar la que históricamente ha suministrado la electricidad es la CNFL, que reclama ese derecho.