Por: Amy Ross 10 octubre, 2012

San José (Redacción). Diputados de la comisión legislativa que analizó la crisis económica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recomendaron la salida de tres funcionarios, la inhabilitación de ocupar cargos públicos de otros y el envío de los casos a la Fiscalía.

Para los legisladores, Iván Guardia, director financiero; Luis Guillermo López, director actuarial; y José Luis Quesada, gerente de pensiones, deben renunciar.

Además, recomendaron que ellos sean inhabilitados para ejercer cargos públicos durante seis años y que se pasen al Ministerio Público.

También pidieron pasar al Ministerio Público el expediente legislativo donde se hace referencia a Eduardo Doryan, quien fue presidente ejecutivo de la Caja durante la administración anterior, y que no se le nombre en ningún cargo público por seis años.

A la vez, los congresistas aconsejaron no nombrar durante seis años en cargos públicos y enviar a la Fiscalía a los exdirectivos Édgar Cabezas, Jorge Chaves y Eugenio Trejos.

Entre tanto, los diputados pidieron inhabilitar a Gustavo Picado, actual gerente financiero, y a Arturo Hernández, auditor interno, durante tres años.

Para Manuel Ugarte, exgerente financiero quien está pensionado, solicitaron cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Además, los legisladores pidieron a las autoridades de la Caja que hagan un fuerte llamado de atención a Gabriela Murillo, gerente de infraestructura, para que su gerencia introduzca cambios sustantivos en gestión, planificación y ejecución de proyectos.