Escuchar"No podemos decir que tenemos un acuerdo ni cosa parecida". La afirmación fue dada anoche por el primer vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno Blanco, al referirse a las negociaciones entre representantes del Gobierno y funcionarios de la firma Millicom.
Horas antes, al referirse al mismo tema, el presidente José María Figueres adelantaba el curso difícil de las conversaciones. El mandatario dijo: "Seguimos trabajando en que se acepte lo que la Contraloría General manda sobre contratación administrativa"; a la vez minimizó la inmediata aplicación de sanciones diplomáticas y económicas por parte de los Estados Unidos, como medida de presión para un arreglo con la compañía de telefonía celular.
Mientras Figueres sostuvo que no habían recibido "ni verbal ni formalmente ninguna declaración o pronunciamiento ni una amenaza", el vicepresidente Oreamuno mantuvo su opinión de que el país podría verse perjudicado en su relación diplomática y comercial con el gobierno norteamericano por ausencia de una solución satisfactoria.
En las oficinas del Ministerio de Recursos Naturales, ayer el titular de la cartera René Castro y representantes del Frente de Organizaciones Laborales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Asociación de Empleados del ICE, buscaban poner fin a la huelga en esa entidad.
Los sindicalista iniciaron el pasado lunes la medida de presión y aseguran que la mantendrán hasta que el Poder Ejecutivo garantice condiciones legales para que ni Millicom ni ninguna otra compañía privada incursionen en el futuro en el mercado de la telefonía celular.
Punto muerto
Pese a que el vicepresidente Oreamuno no quiso profundizar en cuanto las conversaciones entre Millicom, RACSA y el ICE, sí motivó a recordar que la empresa de telefonía celular no podrá operar en el futuro en Costa Rica, por lo que se intenta buscar un arreglo mediante un contrato de arrendamiento.
Sobre el particular, reiteró las objeciones de la Contraloría en cuanto a que algunas de las clausulas del contrato que pretendían firmar Millicon y la Radiográfica Costarricense (RACSA), se alejaban de la opción del arrendamiento por parte de la segunda, para convertirla en una relación de coadministración.
Oreamuno enfatizó la preocupación de la firma Millicom, en cuanto a que la desconexión de sus equipos desde el pasado martes los podría perjudicar.
Ayer se intentó hablar con los representantes de esa firma, su abogado Alberto Raven y el gerente de la empresa, José Luis López. Sin embargo, ninguno de los dos respondió a las llamadas que se les formularon.
Para hoy, se espera una nueva jornada de negociaciones entre las partes. De no existir, explicó ayer el presidente Figueres, el país tiene dos opciones: una ley especial que debería resolver el Congreso o un arbitraje internacional.
En cuanto a la posibilidad de una ley, el jefe de la fracción oficialista, Luis Gerardo Villanueva, dijo que no tienen un criterio formado. En igual sentido se pronunció su homólogo de la oposición, Bernal Aragón.
Sobre las posibles demandas que puedan derivarse del conflicto, el diputado Walter Coto, especialista en derecho administrativo, enumeró varias opciones: de la empresa Millicom contra el Estado y de los usuarios contra la empresa de telefonía celular y el Estado.
La resolucion
En su resolución del pasado 9 de mayo, la Contraloría General de la República objetó varios de los puntos del contrato que iba a firmar Millicom con la Compañía Radiográfica Costarricense RACSA. En el informe se cita:
"... el objetivo del negocio está mal definido".
"... se obliga a comprar la totalidad de los equipos existentes y adquiridos por Millicom".
"... se induce a pensar que los servicios contratados por RACSA y a brindar por Millicom en cuanto a la coparticipación del sistema, en el fondo, implican una especie de explotación de la concesión de RACSA y no únicamente la contratación del personal necesario para que el sistema pueda funcionar eficiente y rentablemente..."
"Se dispone que en todos los demás servicios o ventas de equipos que se efectúen a los usuarios serán pagados en un 100 por ciento a Millicom, no se precisa cuáles son esos otros servicios o ventas."
"Resulta cuestionable que las sumas a pagar se calculen sobre facturación bruta, cuando en principio razones de justicia y equidad en las relaciones contractuales, llevan a pensar que lo procedente en estos casos es que el cálculo opere sobre facturación neta."
Sobre la terminación anticipada del contrato, "...resulta cuestionable la procedencia jurídica del acuerdo pactado, en cuanto a que en cualquier caso de terminación anticipada, imputable a RACSA, Millicom y Millicom Internacional tendrán el derecho de exigir de RACSA el ejercicio obligatorio e inmediato de la compra de los equipos..."
