Cámara de Transportes dice que solicitud de la Defensoría no es viable

Por: Manuel Herrera 4 abril, 2014

La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no renovar por más de tres años los contratos de concesión con las empresas autobuseras que operan en el país.

El trámite para revalidar los permisos para prestar ese servicio inicia en setiembre próximo y está a cargo del Consejo de Transporte Público (CTP).

Actualmente el CTP revisa los contratos de concesión a esas empresas cada siete años.

A criterio de la Defensoría, en los últimos siete años el CTP no evaluó ni fiscalizó en forma adecuada y constante la prestación de los servicios concesionados, a pesar de que la institución contaba con los mecanismos de consulta adecuada.

"Hay tiempo para introducir en los nuevos contratos las medidas que permitan hacer esas correcciones. Las concesiones de transporte público modalidad autobús no necesariamente tienen que ser renovadas por siete años", consideró el Defensor de los Habitantes en funciones, Luis Gerardo Fallas.

El defensor a. i. aludió a que la Ley reguladora del transporte remunerado de personas en vehículos automotores (número 3503) faculta al MOPT a otorgar concesiones por periodos más cortos.

También el órgano defensor pidió al CTP diseñar y aprobar los mecanismos técnica y estadísticamente válidos que se requieran para medir en forma periódica y sistemática el criterio que los usuarios tengan sobre el servicio.

Además, la Defensoría instó al Consejo a diseñar y aprobar un sistema de evaluación periódica a lo largo de todo el lapso de la concesión para velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales asumidas por la empresa concesionaria al firmar el contrato.

 Actualmente, en el país existen unos 8.000 autobuses regulados por el Consejo de Transporte Público (CTP). Alrededor de 4.000 más están fuera de esa regulación, pues dan servicios privados o como piratas. | ARCHIVO.
Actualmente, en el país existen unos 8.000 autobuses regulados por el Consejo de Transporte Público (CTP). Alrededor de 4.000 más están fuera de esa regulación, pues dan servicios privados o como piratas. | ARCHIVO.

"Esto significa que los actuales operadores que aprueben la evacuación que está haciendo el CTP en estos momentos, podrían optar por la renovación de la concesión por tres años, sujetos a la evaluación constante del servicio por parte del Consejo y los usuarios. Y posteriormente, el CTP podría darles un plazo más largo de concesión, si han cumplido a cabalidad con sus obligaciones y han aprobado las evaluaciones anuales de la prestación del servicio", acotó Fallas.

La Nación intentó conocer la posición del CTP sobre el tema; sin embargo, por medio de la oficina de prensa, se indicó que en el transcurso del día externarán su posición.

Maritza Hernández, de la Cámara de Transportes, afirma que las concesiones de las empresas autobuseras no son rígidas sino dinámicas y que a lo largo de los siete años, el CTP puede revisar los contratos en cualquier momento.

"No es viable (la intención de la Defensoría)", consideró Hernández.

Hernández justificó su posición indicando que actualmente el plazo de siete años es corto para que el sector tramite créditos con bancos para la inversión.

"Con la pretensión de la Defensoría se vería afectado el modelo tarifario. La medida encarecería las tarifas de autobuses", dijo.

Según la representante de los transportistas, el sector se ha ocupado de cumplir con el actual contrato de concesión, en donde se incluyen temas como la modernización del transporte público, el pago electrónico y la ley 7600.

"Lo que ha habido es una falta de actuación del Gobierno promoviendo proyectos. El Gobierno no ha dicho nada de los buses de dos pisos o de 15 metros, pero hay ya unidades de ese tipo prestando el servicio", agregó Hernández.