Recientemente se presentó el caso del alcalde de Santa Ana, acusado por acoso.

Por: Steven Oviedo 4 marzo, 2015

Redacción

La Defensoría de los Habitantes considera inaceptable que organizaciones ejerzan presiones o manifestaciones en contra de denuncias por acoso sexual, cuando estas organizaciones son ajenas al procedimiento.

El Concejo de Santa Ana comenzó, en el 2011, la investigación acerca de una denuncia por acoso, interpuesta por una mujer contra el alcalde Gerardo Oviedo. | RAFAEL PACHECO
El Concejo de Santa Ana comenzó, en el 2011, la investigación acerca de una denuncia por acoso, interpuesta por una mujer contra el alcalde Gerardo Oviedo. | RAFAEL PACHECO

El pronunciamiento de la Defensoría trasciende horas después de que la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) afirmara que el Consejo Municipal de Santa Ana no tiene la potestad de aplicar medidas en contra del alcalde local, quien está siendo investigado por una denuncia de acoso.

"Para la Defensoría de los Habitantes no es aceptable que se ejerzan presiones o manifestaciones como las emitidas por la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, que ante un caso afirme que el Consejo Municipal no tiene la potestad de aplicar medidas contra una autoridad de un ayuntamiento, desconociendo el mandato de la ley. Y más grave aún, es que censure la actuación del Consejo por la resolución emitida", cita la Defensoría.

La entidad le pidió a las instituciones que respeten los procedimientos que se efectúen a partir de las denuncias, con el objetivo de evitar que se vulneren los derechos de las partes involucradas.

La Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia también es aplicable al ámbito municipal y corresponde a los concejos municipales efectuar el debido proceso y emitir la resolución final.

El pasado martes La Nación publicó el caso del alcalde de la Municipalidad de Santa Ana, Gerardo Oviedo, quien podría perder su cargo por una denuncia de acoso presentada en el 2011.

Un día después, Mercedes Hernández Méndez, presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias denunció que los regidores no son jueces, por lo que consideró que se violentó el debido proceso en el caso de Santa Ana.